La comunidad científica realizó una jornada de protesta para expresar su rechazo a la decisión del INTA de exonerar a la investigadora Virginia Aparicio. Matías Álamo, quien participó de la actividad, cuestionó la medida y advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento en la ciencia y la investigación pública.
La exoneración de la doctora Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del CONICET, generó repercusiones en la comunidad científica. En ese contexto, investigadores y otros sectores vinculados con la ciencia participaron de una jornada de protesta para manifestar su rechazo a la decisión y reclamar por la situación de la investigadora.
Matías Álamo, uno de los participantes de la actividad, explicó que Aparicio desarrolla desde hace años una línea de investigación vinculada con los efectos de los plaguicidas en animales, especies vegetales y la salud humana.
En ese marco, recordó que la científica coordinó en Argentina, junto con otros investigadores del INTA y colegas de la Unión Europea, el proyecto internacional SPRINT, orientado a estudiar el impacto de los productos fitosanitarios en el ambiente y la salud.
Álamo señaló que en 2023, por decisión de las autoridades del INTA, se resolvió desmantelar el proyecto. A partir de entonces se desarrolló un proceso administrativo dentro del organismo que culminó esta semana con la exoneración de Aparicio.
El investigador vinculó lo ocurrido con un escenario más amplio de dificultades para el sistema científico y tecnológico argentino. “Es una política de Estado el desfinanciamiento del sistema científico tecnológico, del CONICET concretamente y además del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria”, sostuvo.
También hizo referencia a los números contemplados en los informes preliminares del Presupuesto 2027 y advirtió que, según indicó, se proyecta un recorte del 57% en los fondos destinados al funcionamiento del INTA.
Para Álamo, la situación de Aparicio debe analizarse en el contexto de un modelo económico que, a su entender, no contempla el desarrollo de la ciencia, la investigación y la educación pública.
“Si la ciencia se censura, como es el caso de Virginia, no podemos seguir avanzando como modelo de país”, expresó.
Finalmente, planteó la necesidad de discutir un modelo de desarrollo que no esté sostenido exclusivamente en actividades extractivas, como la producción agropecuaria o la extracción de hidrocarburos, sino que contemple la inclusión de distintos sectores de la sociedad.
La exoneración de Aparicio fue dispuesta por el Consejo Directivo del INTA mediante la Resolución 366/2026. El organismo fundamentó la medida en presuntos incumplimientos administrativos durante el desarrollo del proyecto SPRINT, mientras que la investigadora cuestionó la decisión y anticipó que recurrirá a la Justicia.
El caso abrió un debate sobre el funcionamiento de los organismos científicos, las condiciones para desarrollar investigaciones y el futuro del sistema público de ciencia y tecnología.
