Familias de personas con discapacidad y trabajadores del sector realizaron un nuevo semaforazo en la esquina de Chilana y Alsina, para visibilizar la situación que atraviesan quienes dependen de prestaciones de salud, terapias y acompañamiento para sostener sus tratamientos y avanzar en autonomía.
La movilización contó con la participación de madres y familiares que, según expresaron, volvieron a las calles no por una cuestión partidaria, sino para defender los derechos de sus hijos.
“Estamos acá no por hobby, no por ningún tipo de bandera política más que la discapacidad. Venimos a defender los derechos de nuestros hijos”, expresó una de las madres presentes, quien aseguró que esta fue su tercera participación en un semaforazo.
Durante el reclamo, también se hizo referencia a la reciente sanción de una ley de emergencia en discapacidad y a las dificultades que atraviesan las familias para acceder y sostener las prestaciones. “Pensar que se tuvo que sancionar una ley de emergencia para que se cumpla una ley vigente es tremendo”, señaló.
El impacto en las familias
Una de las principales preocupaciones planteadas durante la jornada fue la interrupción o demora en las prestaciones. La madre relató que lleva un año sin trabajo y que, durante el mismo período, su obra social no renovó una de las prestaciones de su hija Nina.
“Ella tiene solo tres prestaciones. Por ende, para la obra social no requiere un gasto enorme”, explicó. Según contó, las profesionales que trabajan con la niña incluso tuvieron que adaptar su modalidad de trabajo para garantizar la continuidad de las terapias.
Las familias remarcaron que la continuidad de los tratamientos resulta fundamental para que las personas con discapacidad puedan desarrollar herramientas y alcanzar mayores niveles de autonomía.
También cuestionaron la mirada social que, según manifestaron, muchas veces considera que las familias “viven del Estado” por contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
“El CUD lo único que hace es avalar la discapacidad y garantizar los derechos que correspondan. No es que uno vive del CUD”, explicó la madre, quien reclamó mayor comprensión sobre las dificultades cotidianas que atraviesan las familias.
Reclamos por las demoras en los pagos
Trabajadores vinculados a las prestaciones también participaron del reclamo y señalaron las dificultades que genera la demora en los pagos de las obras sociales.
Durante la jornada se mencionaron plazos de espera que pueden extenderse durante varios meses y honorarios que, según explicaron, rondan los $6.000 por prestación en algunos casos.
Además del impacto económico, los trabajadores destacaron que las prestaciones no pueden interrumpirse abruptamente porque existe un vínculo construido con las personas acompañadas.
“Trabajamos para que ellos sean independientes y puedan tener una vida normal, porque son personas normales, obviamente. Quieren trabajar, quieren tener una vida”, expresó una de las trabajadoras.
El reclamo en Chilana y Alsina volvió a poner en escena la preocupación de familias y trabajadores por el acceso a tratamientos, la continuidad de las prestaciones y las condiciones laborales de quienes forman parte del sistema de atención a personas con discapacidad.
