La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, Natalia Giombi, analizó la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801, que comenzó a regir el sábado 5 de septiembre y establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil.
Giombi explicó que la implementación de la nueva normativa no depende únicamente de la sanción de la ley, sino que requiere una estructura institucional que permita ponerla en funcionamiento.
“Implementar el sistema o el nuevo régimen penal juvenil no depende solamente de la ley escrita, sino que es un sistema que requiere muchísima ingeniería institucional”, señaló.
En ese sentido, remarcó que intervienen distintos organismos en el abordaje de las situaciones vinculadas con adolescentes que cometen delitos y que todos esos actores deben estar preparados para responder al nuevo escenario.
Más conductas alcanzadas
La magistrada explicó que la nueva legislación no solamente amplía el ámbito de punibilidad respecto de la edad, sino también el conjunto de delitos y conductas que pueden ser imputados a personas adolescentes.
Según detalló, bajo el régimen anterior quedaban fuera del sistema penal determinadas conductas consideradas de menor significancia, como un hurto, un daño o lesiones leves, cuando la pena prevista era inferior a dos años.
Esto no significaba, aclaró Giombi, que no se realizara ningún abordaje frente a esas situaciones. En esos casos intervenían mecanismos vinculados con el sistema de protección de derechos.
“Cuando hay conductas de este estilo en personas adolescentes, obviamente algo está pasando”, sostuvo, y señaló la importancia del acompañamiento de los adultos responsables y de los distintos organismos que intervienen cuando ese acompañamiento no existe.
La aplicación de la ley y las presentaciones judiciales
Giombi también se refirió a las distintas acciones judiciales que se conocieron tras la entrada en vigencia de la norma.
En particular, mencionó la decisión adoptada por la jueza Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora, quien dispuso suspender la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires a partir de una presentación realizada por una organización.
La magistrada consideró que la decisión estaría vinculada con las dificultades para garantizar las condiciones necesarias para implementar el nuevo régimen.
“Creo que esto responde justamente a esto que mencionábamos al principio, que no están reunidas las condiciones para la implementación”, explicó Giombi.
Además, señaló que existe otra acción que busca que la Ley 27.801 sea declarada inconstitucional y que tramita en el ámbito de la Justicia Federal.
Según indicó, el expediente había sido iniciado ante un juzgado contencioso administrativo federal, que la semana pasada se declaró incompetente y remitió las actuaciones a un juzgado penal.
Por ese motivo, explicó Giombi, a nivel nacional todavía no existe una resolución definitiva respecto de ese planteo.
Un adolescente detenido
En cuanto a la aplicación concreta de la nueva normativa, Giombi señaló que, según la información que había podido conocer durante la jornada, habría un adolescente de 15 años detenido en el marco de la nueva ley nacional.
La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 remarcó así que el inicio de vigencia de la norma abrió un escenario complejo, atravesado por distintas decisiones judiciales y por la necesidad de adaptar las instituciones que deberán intervenir en el nuevo sistema.
