La serie de negociaciones entre el Gobierno y los sectores docentes y no docentes universitarios suma un nuevo capítulo este jueves. Ambas partes se reunieron desde las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la discusión paritaria que convocó la Secretaría de Educación, la cual a comienzos de mes propuso un aumento del 3% para septiembre y de 3% para octubre, que fue rechazado por todas las agrupaciones. Esa misma oferta fue la que se repitió en la mañana de hoy y el resultado fue el mismo.
“El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas”, avisó una de las contrapartes que estuvo esta mañana en la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano. Los integrantes de los sindicatos docentes solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: los dos incrementos que dispone el Gobierno más una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.
A las 15 horas habrá un segundo encuentro con las autoridades de Educación con los gremios no docentes. Una vez finalizado, estos se juntarán con los sindicatos docentes para comenzar a diagramar las próximas medidas de fuerza. La posibilidad que toma mayor fuerza es la de convocar a una marcha nacional por las universidades nacionales. Sería la quinta en lo que va de este Gobierno y la segunda en el año.
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo aún no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que una medida cautelar continúa vigente.
“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.
El Ejecutivo cuestiona las cifras solicitadas por las agrupaciones docentes y no docentes al afirmar que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Los voceros oficiales sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.
FUENTE: INFOBAE
