La situación del mercado laboral argentino atraviesa un escenario de creciente precarización. Según un análisis realizado por el Instituto Argentina Grande a partir de datos oficiales del INDEC, el 45% de las personas ocupadas en el país se encuentra actualmente en situación de desprotección laboral.
Candelaria Rueda, investigadora de la institución, explicó en BVC Noticias que el indicador contempla a quienes trabajan sin aportes, sin estabilidad y por fuera de estructuras que puedan brindar algún tipo de protección. Dentro de este universo aparecen, entre otros, trabajadores que desarrollan actividades informales o realizan changas.
“Lo que vemos es que el 45% de las personas en la Argentina que trabajan están trabajando sin ningún tipo de protección laboral, sin aportes, sin estabilidad”, explicó Rueda.
La investigadora señaló que el dato surge del procesamiento de microdatos oficiales del INDEC y que el indicador viene siendo monitoreado trimestralmente desde hace ocho informes. De acuerdo con ese seguimiento, el nivel actual representa un récord dentro de la serie de los últimos diez años.
Doce meses consecutivos de pérdida de empleo registrado
Rueda vinculó este escenario con la pérdida sostenida de puestos de trabajo registrados y el cierre de empresas.
“Acabamos de vivir 12 meses consecutivos de pérdida de empleo registrado como saldo entre las altas y las bajas”, sostuvo, y agregó que también se viene registrando una reducción de puestos en el sector público.
Para la investigadora, esto está dejando “un mercado cada vez más reducido de empleos de calidad” y con capacidad de brindar seguridad económica a los hogares.
La consecuencia no se limita a los ingresos. También afecta la posibilidad de planificar la economía familiar. En este sentido, Rueda destacó la importancia que tiene para un hogar contar al menos con una persona con un ingreso fijo y estable.
¿Dónde terminan quienes pierden su empleo?
Ante la falta de nuevas oportunidades en sectores registrados, una parte de los trabajadores termina incorporándose a actividades caracterizadas por una mayor informalidad, como el reparto de comida, los servicios mediante aplicaciones y las changas.
Rueda cuestionó, en este punto, la idea de una reconversión laboral capaz de absorber a quienes pierden sus puestos en industrias, pequeñas y medianas empresas o el sector público.
Según explicó, la cantidad de puestos registrados que se generan no alcanza para compensar los empleos que se destruyen, una situación que lleva ya 12 meses consecutivos.
Entre los sectores más afectados mencionó a la industria, la construcción y el comercio, especialmente los pequeños comercios que cuentan con uno o dos empleados y que enfrentan dificultades para sostenerse ante la caída de la demanda y del consumo interno.
La advertencia sobre la reforma laboral
Consultada sobre los posibles efectos de la reforma laboral, Rueda advirtió que el deterioro podría profundizarse si no existen medidas destinadas a estimular la economía y el consumo interno.
“La reforma laboral lo que trae es una oportunidad de facilitar o abaratar los despidos”, afirmó.
En ese contexto, planteó que un pequeño empleador que atraviesa dificultades para vender podría optar por reducir su estructura o incluso cerrar si encuentra mecanismos que disminuyan el costo de desvincular trabajadores.
Para Rueda, el problema no se limita a la pérdida de puestos laborales: cada cierre de una empresa o comercio implica también un costo económico para quien decidió invertir en ese proyecto.
Los jóvenes y los mayores de 66 años, entre los más afectados
El fenómeno de la desprotección laboral tampoco impacta de manera uniforme en toda la población.
La investigadora señaló que entre los jóvenes de 18 a 26 años la tasa de desprotección alcanza el 60%, mientras que también se observa un fuerte deterioro entre las personas mayores de 66 años.
En este último grupo, además, se registra una creciente necesidad de volver al mercado laboral como consecuencia del deterioro de los ingresos jubilatorios.
Rueda vinculó esta situación con la propia sustentabilidad del sistema previsional. Explicó que la pérdida de empleos registrados privados afecta la capacidad de financiamiento del sistema, dado que los trabajadores formales en relación de dependencia representan una parte fundamental de los aportes.
“Si no tenemos una propuesta de cómo revertimos ese escenario, va a ser improbable que ese universo sea grande”, concluyó.
