Por Fernanda Román
Abogada Especialista en Derecho Previsional y de la Vejez
Una sociedad que obliga a una persona mayor a gestionar sus derechos a través de plataformas digitales no necesariamente es moderna. Puede ser, apenas, una sociedad que cerró ventanillas, abrió aplicaciones y llamó innovación al desamparo de quienes no tienen los recursos, las herramientas o los conocimientos para acceder.
En los últimos años, casi todo se volvió una aplicación, un código, una clave, un portal, una validación facial o un trámite a distancia. Sacar un turno, pagar una boleta, consultar un expediente, pedir una prestación, acceder a una receta, obtener una credencial o hacer un reclamo depende cada vez más de habilidades digitales, recursos tecnológicos y redes de ayuda que no todas las personas poseen.
El problema no es la tecnología. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en la única puerta de entrada.Bancos, empresas de servicios, obras sociales, municipios y numerosos organismos públicos y privados avanzaron —cada uno a su modo— hacia plataformas digitales. Pero hay sistemas cuya digitalización resulta especialmente sensible porque concentran prestaciones esenciales para la vida cotidiana de las personas mayores.
Mi ANSES, la web de PAMI, las recetas electrónicas, las credenciales digitales, los turnos online, los códigos de validación y las aplicaciones bancarias son apenas algunos ejemplos. Hay muchísimos más.
La discusión no pasa por rechazar o negar los beneficios de la digitalización. Bien utilizada, la tecnología puede simplificar trámites, evitar traslados innecesarios, reducir esperas y facilitar el acceso a la información. El problema aparece cuando ese avance se implementa sin garantizar condiciones reales de acceso.
Porque no todas las personas mayores cuentan con un dispositivo adecuado, conexión estable, datos móviles, correo electrónico activo, claves disponibles, alfabetización digital, acompañamiento de confianza o plataformas diseñadas con criterios reales de accesibilidad.
Cuando el sistema exige condiciones que no garantiza, el derecho deja de ser universal: queda condicionado por factores materiales, económicos, sociales e institucionales que restringen, en la práctica, su ejercicio para un amplio sector de la sociedad.
La brecha digital no consiste solamente en la falta de acceso a una herramienta tecnológica. Su efecto más grave es que vuelve dependiente a quien podría desenvolverse con autonomía si el sistema ofreciera canales accesibles. Esa dependencia forzada obliga a entregar claves, exponer datos personales y quedar más expuesta ante estafas.
No por falta de capacidad, sino por un diseño institucional que no contempla la diversidad de trayectorias, recursos y formas de acceso. Eso no es progreso. Es exclusión con apariencia de innovación.
La digitalización debe venir acompañada de accesibilidad real. La atención humana no es un lujo ni un resto del pasado. Para muchas personas mayores constituye una vía concreta para acceder al sistema.
Eliminarla o reducirla bajo el argumento de la eficiencia tiene consecuencias: más dependencia, más intermediarios, mayor exposición a abusos y mayor restricción de la autonomía.
Desde el Derecho de la Vejez, esta discusión no puede tratarse como una simple incomodidad administrativa. La persona mayor es sujeto de derechos y debe poder ejercerlos en condiciones de igualdad, autonomía y dignidad. La Convención Interamericana, con jerarquía constitucional en Argentina, también reconoce el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que obliga a pensar la digitalización desde la accesibilidad y no desde la exclusión.
Por eso, cuando un organismo diseña un sistema exclusivamente digital sin garantizar medios reales de acceso, no está ampliando derechos. Está cambiando la cerradura y dejando a muchas personas sin llave.
Una persona mayor que necesita recurrir a terceros para ejercer sus derechos no está resistiéndose al progreso. Está enfrentando un modelo de atención que avanzó más rápido que sus garantías de inclusión.
Cuando la tecnología se convierte en filtro de acceso, deja de ser una herramienta y empieza a funcionar como una nueva barrera.
La verdadera modernización no se mide por la cantidad de plataformas disponibles, sino por la cantidad de personas que pueden acceder, comprender, decidir y resolver sin quedar atrapadas en una pantalla.
La tecnología debe ampliar derechos, no convertirse en una nueva forma de restringirlos.
