El Gobierno avanzó este viernes con una nueva adjudicación dentro del esquema de concesiones viales impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye la entrega al sector privado del control y mantenimiento de tramos clave de la red nacional, entre ellos la Ruta Nacional 3, que conecta el Área Metropolitana de Buenos Aires con Bahía Blanca y el sur bonaerense.
La medida forma parte del plan oficial para transferir a privados más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo contratos de hasta 20 años, con el objetivo de completar el proceso antes de julio. Sin embargo, el avance del esquema reavivó críticas de usuarios viales y cuestionamientos sobre el tipo de obras previstas.
En el caso de la Ruta Nacional 3, una de las trazas más importantes para la logística agroindustrial y el transporte hacia el puerto de Bahía Blanca, las concesiones adjudicadas contemplan principalmente tareas de mantenimiento básico, como bacheo puntual y corte de pasto, sin obras estructurales de envergadura, según denuncian entidades de usuarios.
El esquema incluye además la instalación de nuevos peajes a lo largo del corredor. En el tramo que va desde el área metropolitana hacia el sudoeste bonaerense, se prevé la multiplicación de cabinas de cobro, lo que generó preocupación entre transportistas y organizaciones viales, que advierten un incremento de costos sin mejoras equivalentes en infraestructura.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial señalan que, en la práctica, la inversión exigida para los casi 1.800 kilómetros adjudicados en esta etapa es limitada, con apenas decenas de kilómetros de obras nuevas previstas en total. En el caso de la Ruta 3, sostienen que no se contemplan intervenciones de seguridad vial de fondo, como autopistas o variantes para evitar choques frontales en zonas críticas.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires se analizan posibles presentaciones judiciales por la exclusión de la estatal Aubasa en los tramos licitados, mientras crece la discusión política por el modelo de concesión. Críticos del esquema advierten que el financiamiento estaría respaldado parcialmente por instrumentos públicos, como créditos del Banco BICE, pese al discurso oficial de inversión privada pura.
El Gobierno, en tanto, defiende el programa como una modernización del sistema vial y sostiene que permitirá reducir subsidios estatales y mejorar la eficiencia de la red, mientras avanza con nuevas licitaciones para completar el resto de los corredores previstos en la Red Federal de Concesiones.
(LPO)
