El Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del juez Claudio Vázquez, ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar o autorizar actos basados en la reforma de la Ley de Glaciares en toda la provincia de Santa Cruz. La medida cautelar rige mientras se resuelve la causa principal, que fue presentada mediante un amparo colectivo ambiental por autoridades de El Calafate (Consejo Deliberante, Poder Ejecutivo y legisladores locales).
Según la demanda, la reforma modificaría de manera sustancial el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciales, reduciendo áreas protegidas y permitiendo actividades que actualmente están prohibidas. Los reclamantes sostienen que esto implicaría una regresión en los estándares de tutela ambiental establecidos por la Ley N° 26.639 y el artículo 41 de la Constitución Nacional, al trasladar competencias del Congreso a las provincias.
Protección ambiental y contexto económico
En su resolución, el juez destacó la relevancia global, nacional y regional de los glaciares y ambientes periglaciales. Además, repasó las distintas actividades económicas que podrían verse afectadas por cambios en la legislación, subrayando que su regulación tiene impactos directos sobre los modelos de desarrollo de la región.
El fallo también enfatiza principios constitucionales y ambientales, como el principio precautorio, la progresividad y la prohibición de regresión ambiental, concluyendo que una demora en la sentencia definitiva podría hacer ilusoria la protección que actualmente se brinda a estos ecosistemas.
Medida cautelar vigente hasta sentencia definitiva
Como resultado, el juez suspendió cautelarmente los efectos de la reforma de la Ley N° 26.639 en todo el territorio de Santa Cruz, evitando que se habiliten actividades que puedan afectar glaciares o el ambiente periglacial hasta que se dicte sentencia definitiva.
Esta decisión representa un paso clave en la defensa de los ecosistemas glaciares de la región y reafirma la obligación del Estado de cumplir con los presupuestos mínimos de protección ambiental previstos por la legislación nacional.
