La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), seccional local, difundió un duro comunicado en el que cuestiona la situación actual del PAMI y apunta contra la conducción nacional del organismo. El pronunciamiento surge tras declaraciones públicas del titular de la entidad, Esteban Leguízamo, y busca —según indicaron— “aportar información precisa a la comunidad”.
Uno de los ejes centrales del reclamo está vinculado a la deuda con proveedores. Desde el gremio aseguran que, a nivel local, el pasivo en la UGL V asciende a aproximadamente 1.200 millones de pesos, lo que —advierten— pone en riesgo la normal prestación de los servicios para afiliados y afiliadas.
En ese sentido, señalaron que las afirmaciones oficiales sobre la inexistencia de deuda “contrastan” con expresiones de autoridades nacionales del área de salud, y reclamaron mayor claridad en los plazos de pago para garantizar el funcionamiento del sistema.
Cuestionamientos a auditorías y funcionamiento interno
Otro de los puntos planteados por ATE tiene que ver con las auditorías que habrían motivado cambios en el esquema de pago a médicos de cabecera. El gremio solicitó que esos informes sean de acceso público y manifestó preocupación por el desmantelamiento de áreas clave dentro del organismo, como la Gerencia de Auditorías Internas.
Críticas por la respuesta ante la emergencia
El comunicado también hace foco en la actuación del PAMI durante la emergencia por las inundaciones. Según indicaron, los recursos enviados a nivel local fueron “limitados” y, en algunos casos, “no adecuados”, mencionando la recepción de insumos insuficientes, medicamentos vencidos y elementos que no respondían a las necesidades del contexto.
En contraste, destacaron el rol de los trabajadores, quienes —según expresaron— sostuvieron el funcionamiento del organismo mediante tareas de limpieza, reacondicionamiento y aportes propios para restablecer la atención.
Reclamo salarial y advertencia por “vaciamiento”
ATE también puso el foco en la situación salarial del personal, al señalar que no se registran actualizaciones desde el inicio de la actual gestión, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo.
En el tramo final, el comunicado advierte sobre un “proceso de vaciamiento institucional” y responsabiliza a las autoridades nacionales por las consecuencias de las políticas implementadas, alertando sobre su impacto en la población adulta mayor.
Medidas y exigencias
Frente a este escenario, el gremio anticipó la continuidad de medidas de acción y exigió la apertura de paritarias, recomposición salarial y el cese de políticas de ajuste.“El deterioro de la gestión requiere respuestas urgentes para garantizar los derechos de jubilados y jubiladas”, concluyeron desde la conducción local de ATE.
