En medio de la pulseada judicial en la que tensionan el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera emitió un informe al respecto de funcionamiento del sistema de obras sociales, que se encuentra en la mira tras la fragmentación de IOSFA (correspondiente a las Fuerzas Armadas) y el PAMI.
En su comunicado, la CGT entendió que existe “una crisis grave”, a la que calificó como “casi terminal, por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”. “La mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”, explicaron.
Luego de enumerar que existen obras sociales dadas de baja (industria del fósforo), algunas “en crisis” (construcción y pesca) y otras intervenidas (trabajadores rurales y ladrilleros), detalló que el 67% de los beneficiarios de las obra sociales nacionales (más de 9 millones de trabajadores) se encuentra por debajo del promedio de aportes, establecido en $67.525. Más allá de eso, estiman que el valor del plan médico obligatorio ronda los $85.000 por afiliado, lo que explica que las obras sociales de los gremios “no recaudan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones”.
Fuente: Ambito Financiero
