El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en representación del sistema universitario público argentino, envió una nota formal al Ministerio de Capital Humano de la Nación en la que rechaza de manera enfática el requerimiento de informar las medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica frente al actual contexto de conflicto por el incumplimiento –por parte del Poder Ejecutivo- de la Ley de Financiamiento Universitario. La nota con dicha solicitud fue enviada el 27 de este mes desde la citada cartera a todos los titulares de las universidades estatales.
En el documento dirigido al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, las autoridades universitarias sostienen que las instituciones permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión. Asimismo, aseguran que continúan desarrollando actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, dentro de las limitaciones presupuestarias vigentes.
Los rectores subrayan que “la situación crítica que atraviesa el sistema universitario responde al incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con amplios consensos parlamentarios”. En ese sentido, advierten que desconocer o incumplir dicha norma no constituye una mera controversia administrativa, sino una alteración del principio republicano de división de poderes.
El CIN también señala que el requerimiento carece de sustento normativo y administrativo. A su vez, rechaza “cualquier intento de atribuir a las universidades la responsabilidad por la actual situación, al considerar que la tensión del sistema deriva, en lo sustancial, del incumplimiento estatal de obligaciones legales”.
En un tono institucional, el documento reafirma principios centrales como el derecho a enseñar y aprender, la autonomía universitaria, el cogobierno y la libertad académica, todos ellos consagrados en la Constitución Nacional y la legislación vigente. Además, ratifica la disposición de las universidades al diálogo institucional, aunque insiste en la necesidad de que el Estado cumpla con el financiamiento legalmente establecido.
Finalmente, las autoridades universitarias remarcan que las universidades públicas no son la causa de la crisis, sino que continúan sosteniendo el funcionamiento del sistema con el esfuerzo de sus comunidades, incluso en un escenario de creciente precariedad.
La postura del Rector
La leyes están para cumplirse
“La educación pública es un derecho, y para que miles de estudiantes puedan ejercerlo, el gobierno nacional debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
“Las Universidades Nacionales atravesamos una situación crítica que afecta a docentes, nodocentes y sobre todo a los más vulnerables: nuestros estudiantes.
“Cuando se afecta la calidad educativa por falta de recursos, también se está perjudicando el desarrollo del país y la calidad de vida de toda nuestra sociedad.
“El pueblo argentino, a través de sus representantes en el Congreso, dijo contundentemente: la educación superior es una prioridad, y se sancionó una ley ratificada luego dos veces por la Justicia.
“Cuando se incumple una ley, no solo se afecta a las universidades: se debilita el funcionamiento democrático que garantiza los derechos de toda la sociedad.
“Defendamos lo que nos pone orgullosos ante el mundo”.
