El Gobierno nacional dispuso un incremento en el presupuesto asignado a hospitales y centros de salud de alta complejidad, enfocado principalmente en establecimientos pediátricos, a pesar de que la Ley N° 27.796 de Emergencia Pediátrica aprobada por el Congreso permanece suspendida en su ejecución.
El anuncio fue oficializado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por medio de la publicación de la decisión administrativa 29/2025 en el Boletín Oficial. Aunque señalaron que la partida presupuestaria planteada por la ley aún no fue resuelta, remarcó que la voluntad de la gestión es priorizar la atención en el sector sanitario.
“Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025″, ordenó el funcionario, después de que el documento señalara que el cambio solo impactaría en el área de salud. No obstante, los otros ámbitos recibirán los mismos fondos públicos que son asignados desde 2023.
Según detalló Francos, la medida implicaría un refuerzo en las partidas destinadas al Ministerio de Salud para cubrir gastos operativos, sueldos y recursos en hospitales clave como el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan”, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce – Dr. Néstor Carlos Kirchner”, el Hospital de Alta Complejidad S.A.M.I.C. “El Calafate”, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.
Además, abarcará otros organismos descentralizados como el Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro A. Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”.
La Ley de Emergencia Pediátrica, promulgada en mayo, ordenaba la asignación prioritaria e inmediata de fondos al sector pediátrico y la recomposición salarial del personal asistencial y no asistencial, incluida la actualización de ingresos de los residentes en formación.
Frente a esto, el PoderEjecutivo nacional suspendió la implementación de la norma, tras haber considerado que la normativa no determinó la fuente de financiamiento necesaria para que pueda ser aplicada sin comprometer el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.
El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación ascendería a $196.270.000.000, una cifra que, según el Gobierno, superaría ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102.400.000.000.
De esta manera, advirtieron que una reasignación de recursos de esa magnitud equivaldría al 30% del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60% del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
Por este motivo, las autoridades subrayaron que la medida continuará “suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine la fuente de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas correspondientes”.
A pesar de esta postergación, el jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno decidió reasignar recursos presupuestarios ya disponibles a fin de solventar las necesidades contempladas originalmente por el Congreso. Y resaltó que “el Poder Ejecutivo Nacional tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”.
De la misma manera, Francos recordó que la situación del sistema de salud público nacional continúa en estado de emergencia por el término de un año, tras haberse aprobado la emergencia en pediatría. Asimismo, explicó que la ampliación del presupuesto del Ministerio de Salud se concretará mediante una disminución proporcional de créditos asignados a la Jurisdicción 91, correspondiente a las obligaciones a cargo del Tesoro.
“Es necesario readecuar las partidas presupuestarias en los términos del análisis elaborado por el Ministerio de Salud”, estableció la medida oficial. De esa manera, el Ejecutivo reordena partidas sin necesidad de contar con una nueva asignación votada en el Congreso.
