En respuesta a los severos daños provocados por la inundación que afectó a la ciudad de Bahía Blanca el pasado 7 de marzo, un grupo de diputados nacionales presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia edilicia y económica en la Universidad Nacional del Sur (UNS).
La iniciativa, titulada Ley de Asistencia y Acompañamiento a la Universidad Nacional del Sur, propone la reasignación de partidas presupuestarias y la suscripción de un convenio entre la UNS y la Secretaría de Educación para asegurar la recuperación de la infraestructura dañada y la continuidad de las actividades académicas.
“Valoramos este interés de un grupo de legisladores de varias fuerzas políticas de acompañar el proceso de recuperación de la Universidad con esta iniciativa, porque nos demuestra la importancia que le dan a nuestra institución”, remarcaron el rector, Daniel Vega; y la vicerrectora, Andrea Castellano
Durante la jornada del 7 de marzo cayeron sobre Bahía Blanca cerca de 290 milímetros de lluvia en pocas horas, cifra que equivale a casi la mitad del promedio anual de precipitaciones. La magnitud del temporal, considerado uno de los peores desastres naturales en la historia reciente de la ciudad, dejó a la ciudad prácticamente paralizada: calles anegadas, viviendas arrasadas, comercios inutilizados y graves daños en edificios públicos, entre ellos los pertenecientes a la UNS.
En la institución los daños materiales afectaron a múltiples dependencias. Particularmente crítico fue el impacto en el predio de calle Alem, donde el agua alcanzó hasta dos metros de altura en varios subsuelos, provocando la pérdida de más de 70.000 volúmenes de la Biblioteca Central y la destrucción de costoso equipamiento de docencia e investigación en áreas como Ingeniería, Química, Física, Farmacia, Geología y Ciencias Ambientales.
Las autoridades universitarias estiman que la pérdida en equipamiento científico y tecnológico supera los 6 millones de dólares. Además de los daños edilicios, se vieron comprometidos sistemas clave como redes eléctricas, plantas transformadoras, calderas, centros de datos y servicios de conectividad.
En sus fundamentos, la propuesta subraya el papel esencial de la UNS en el entramado social, educativo y productivo de la ciudad y la región; a la vez que reconocer que con casi 40.000 estudiantes activos y más de 40.000 graduados, la universidad pública bahiense constituye un polo de desarrollo clave en el sudoeste bonaerense y en el sur del país.
El proyecto establece que la UNS deberá presentar un informe detallado ante la Secretaría de Educación, en el que se expongan las obras necesarias, los bienes a reponer y las acciones de acompañamiento a docentes, estudiantes y a la comunidad en general. En base a ese documento, el Poder Ejecutivo Nacional asignará los recursos requeridos mediante la readecuación presupuestaria correspondiente.
Además, los diputados y diputadas firmantes destacan que durante la emergencia, la UNS volvió a demostrar su compromiso social. Más de 2.000 voluntarios participaron en colectas, distribución de alimentos, limpieza de viviendas y asistencia a personas mayores. La institución funcionó como nodo de ayuda humanitaria, en coordinación con otras organizaciones públicas y privadas, reforzando su rol como eje solidario y articulador social.
La iniciativa legislativa fue elaborada por la diputada Danya Tavela y acompañada por los legisladores Daniel Arroyo, Karina Banfi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Fabio Quetglas, Sabrina Selva, Margarita Stolbizer y Victoria Tolosa Paz.
El proyecto será debatido en las próximas semanas y se espera un amplio respaldo parlamentario, dado el consenso sobre el impacto estratégico de la UNS en el desarrollo local y nacional.
