El Gobierno resolvió poner en remate a cientos de propiedades y predios que forman parte del Estado Nacional, algunas de ellas aún con oficinas en pleno funcionamiento. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se definió hacer una subasta pública con el objetivo de reducir “gastos innecesarios” y alcanzar una recaudación estimada de 800 millones de dólares.
La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial, con el decreto 950/2024 firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El anuncio oficial anticipó que “son más de 400 inmuebles”, según se desprende del anexo de la normativa.
A tono con la promesa libertaria de la motosierra y el poder que otorga la “Ley Bases”, la AABE hará efectivo un achicamiento físico y patrimoniales del tamaño de la administración pública. Las primeras subastas se iniciarán antes de fin de año y se irán publicando progresivamente en los próximos meses en el sitio oficial del organismo que depende de la Jefatura de Gabinete.
En general, son predios que están repartidos en todo el territorio nacional que se encontraban en desuso, con mal uso o cuyo mantenimiento generaba altos costos para el Estado, según la mirada del Poder Ejecutivo. El extenso listado afecta a áreas de distinto tipo, como edificios públicos, predios ferroviarios, superficies aledañas a rutas nacionales y superficies en zonas rurales, entre otros.
En las próximas semanas, la AABE tiene previsto habilitar la oferta de los inmuebles y subastar por etapas en base al estudio registral y dominial. Según lo publicado en el Boletín Oficial, son propiedades que se ven alcanzadas por los decretos Nros. 952/16, 1064/16, 1173/16, 225/17, 928/17, 355/18, 1088/18, 345/19 y 518/19 y de las Decisiones Administrativas Nros. 249/18, 24/19, 317/19 y 610/19 que no hubieran sido enajenados a la fecha.
Los interesados van a poder solicitar de forma directa más información sobre las propiedades y suscribirse para recibir las fechas de inicio de cada subasta. Además, se contempla la posibilidad de que algunas propiedades puedan ser cedidos en derecho real de superficie. Es una figura prevista en el Código Civil que permite transferir el uso de la propiedad por un plazo de hasta 70 años, mientras se mantiene la titularidad en manos del Estado.
