A propuesta de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo, este próximo jueves el Cuerpo tratará en sesión un proyecto de declaración mediante el cual se expresa el rechazo a los hechos de violencia ocurridos el pasado 3 de abril en el Bahía Blanca Plaza Shopping.
La iniciativa, apunta a que el Concejo Deliberante fije una posición clara frente a hechos que afectaron el normal desarrollo de actividades y a comerciantes, trabajadores y vecinos.
También son autores del proyecto, concejales de distintos bloques políticos, entre ellos Fabiana Úngaro, Carlos Alonso y Emiliano Álvarez Porte, reflejando la importancia de una expresión conjunta frente a este tipo de situaciones.
En ese sentido, la iniciativa pone el foco en un principio central: garantizar el equilibrio entre derechos. Si bien el derecho a manifestarse forma parte de las garantías constitucionales, su ejercicio no puede derivar en la vulneración del derecho al trabajo, la libre circulación y el desarrollo de actividades lícitas.
Asimismo, desde la mayoría de los bloques políticos del HCD se coincide en que no resulta necesario generar nuevas ordenanzas para abordar este tipo de situaciones, ya que los hechos se encuentran contemplados en la Constitución Nacional y en la legislación vigente.
En este marco, el planteo es claro: no se trata de crear nuevas normas, sino de hacer cumplir las existentes, con la intervención de la justicia y de las autoridades competentes.
Caputo fue contundente al fijar posición:
“No podemos naturalizar este tipo de situaciones. Cuando un reclamo se transforma en violencia o presión sobre quienes quieren trabajar, deja de ser un reclamo legítimo y pasa a ser un abuso.”
Además, agregó:
“En Bahía Blanca no puede valer todo. Nadie tiene derecho a imponer su posición afectando el trabajo de otros o paralizando la actividad. Eso no es defender derechos, es avasallar los derechos de los demás.”
En este marco, el proyecto no se limita a la expresión de rechazo, sino que impulsa la intervención de las autoridades competentes. Por un lado, se solicita al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que tome intervención en los acontecimientos y evalúe las medidas que pudieran corresponder ante eventuales incumplimientos de la normativa vigente.
Por otro lado, se dispone remitir copia a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a fin de que, en el marco de la Ley de Asociaciones Sindicales, evalúe la eventual intervención y la aplicación de medidas frente a conductas que excedan el ejercicio regular de la actividad sindical.
Finalmente, Caputo sostuvo:
“Esto no puede quedar solo en una discusión pública. Tiene que haber intervención y tienen que aplicarse las herramientas que ya prevé la ley cuando se cruzan los límites.”
