La justicia de Venezuela ordenó la excarcelación de 379 personas consideradas presos políticos, después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad una nueva Ley de Amnistía, informó el diputado oficialista Jorge Arreaza, responsable de supervisar la aplicación de la norma. Las solicitudes para conceder los beneficios fueron remitidas a los tribunales correspondientes y se espera que las liberaciones se concreten entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
La ley fue sancionada por el Parlamento y promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, a la que el gobierno califica como un avance hacia la reconciliación nacional y una “Venezuela más democrática”. La normativa contempla la amnistía para delitos de carácter político cometidos desde 1999 hasta 2026, pero excluye a personas involucradas en acciones armadas, crímenes graves como homicidio o corrupción, y miembros de las fuerzas de seguridad con ciertas condenas.
Este anuncio ocurre en un contexto político tenso, marcado por años de denuncias sobre detenciones arbitrarias de opositores y tras la asunción de Rodríguez en el poder luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero. Familiares de detenidos aguardaban expectantes frente a centros penitenciarios, mientras diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que la amnistía no será automática para todos, ya que cada caso deberá ser decidido por los jueces.
Defensores de derechos humanos y sectores opositores reconocen el paso dado, pero califican la ley como insuficiente, dado que muchos presos políticos siguen en la cárcel y los tribunales tienen amplia discreción para decidir quiénes pueden acogerse a la amnistía. También señalaron que la norma no elimina automáticamente las causas penales ni ciertas restricciones políticas para quienes sean liberados.
Mientras tanto, observadores internacionales siguen de cerca la medida. España ha instado a la Unión Europea a evaluar el levantamiento de sanciones contra las autoridades venezolanas tras estos avances, aunque persiste el escepticismo en algunos países y organizaciones sobre si la ley realmente transformará la situación de los derechos humanos en el país.
