La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la intimación al pago de la reparación económica impuesta en la causa por asociación ilícita fiscal que tuvo como principal acusado a Juan Ignacio Suris. De este modo, avaló la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca de exigir el pago de $85.625.636,72 en concepto de daño al Estado.
El fallo, firmado por los jueces Diego G. Barroetaveña, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo, rechazó el recurso presentado por la defensa y sostuvo que la medida no vulnera garantías ni excede la jurisdicción, sino que instrumenta lo ya previsto en el acuerdo de juicio abreviado y en la sentencia condenatoria.
En la etapa de ejecución, el juez determinó que, ante el incumplimiento del pago solidario, correspondía fijar porcentajes individuales. En ese marco, asignó a Suris el 60% del monto total, al considerarlo jefe de la organización conocida como la “usina de facturas”, dedicada a la emisión de comprobantes apócrifos para evadir impuestos.
La resolución busca garantizar el recupero del perjuicio económico determinado por la Justicia, además de las penas de prisión ya impuestas a los condenados.
