Javier Milei firmó en las últimas horas el proyecto de modernización laboral que irá al Congreso con un sorpresivo agregado de último momento que causará un fuerte impacto político: el artículo 91, que no figuraba hasta ahora, determina que la Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA”.
“Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”, dice el artículo, que se incorporó de manera inesperada ya que no figuraba en la versión que se difundió oficialmente este martes.
La decisión se convirtió en una señal de que el Gobierno está dispuesto a acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan hoy a nivel nacional y que desde el oficialismo, sectores de la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”.
La novedad sorprendió porque el traspaso de los juzgados nacionales del trabajo parecía haber entrado en una nebulosa porque el Gobierno Nacional no parecía dispuesto a acelerar esa decisión, que debería instrumentar el Ministerio de Justicia.
El Gobierno ya tenía en la mira a los jueces laborales ante una andanada de fallos adversos, que incluyeron la invalidez constitucional del DNU 70, entre otros, y tenía expectativa en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) a partir de un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado que habilitó al tribunal porteñoa intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.
Pero quedaba pendiente, de todas formas, el traspaso de los juzgados nacionales del trabajo a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, en sintonía con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994.
En el gobierno porteño, de todas formas, ya están preparados para el traspaso: desde principios de año funciona una comisión de transferencias de competencias judiciales, integrada por Nación y Ciudad, donde se escuchan a todos los actores involucrados (tanto de la justicia ordinaria nacional y de CABA como de diversas asociaciones) con el fin de avanzar en convenios de transferencias de competencias judiciales.
Fuentes de la administración de Jorge Macri afirmaron a Infobae: “En materia laboral, la Ciudad ya está preparada para recibir esas competencias ya que en diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local de CABA (para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en el distrito) y sancionamos el Código de Procedimientos Laboral. Avanzamos también con los concursos, que hoy están en una etapa de revisión de los exámenes”.
La inclusión sorpresiva del artículo 91 en la reforma laboral también es interpretada en el gobierno porteño como una señal de Milei de que se acelerará el traspaso de los juzgados del trabajo a la Ciudad y, por ende, la disolución del fuero nacional.
Funcionarios libertarios admitieron que la novedad incorporada en la reforma “es un misil” contra los jueces laborales y que Milei está dispuesto a librar esa batalla porque “hay que cumplir con la Constitución y es lo que pide la Corte Suprema”.
En julio pasado, en la Casa Rosada dejaron trascender que el Presidente estaba muy preocupado por el récord de demandas judiciales que se alcanzará en 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo y, a la vez, por la ola de fallos de la justicia laboral que benefician al sindicalismo y perjudican al Gobierno.
“Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”, fue el mensaje publicado en esos días en la cuenta de @CoherenciaFavor en las redes sociales y que fue retuiteado por el propio Milei.
