Amnistía Internacional junto con organizaciones de Derechos Humanos de Argentina buscan que la Justicia declare la inconstitucionalidad del llamado “Protocolo Antipiquetes” luego de que, a dos años de su puesta en marcha, se constatara que más de 2.500 personas resultaran heridas en manifestaciones.
Al anunciar el cuestionamiento judicial a la norma, la directora de la filiar de Argentina de Amnistía, Paola García Rey, aseguró que su aplicación posibilitó una escalada represiva. “La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó García Rey.
El Protocolo Antipiquetes, cuyo norme formal es “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue establecido por decreto. Se trató de una de las primeras medidas de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Javier Milei y su centro es considerar delito a los cortes vías de circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial.
Para Bullrich y el equipo que la acompañó en seguridad, el fin de los piquetes es una política con amplio consenso social y aplicda con total éxito. “En buena medida, cimentó el triunfo en las elecciones este año ”, que la convirtió en senadora, dijo uno de los funcionarios que trabajó con Bullrich hasta que dejó el ministerio.
Pero los datos que difundió Amnistía son alarmantes en cuanto en cuanto al aumento de las respuestas represivas. Indican que entre 2025 y la actualidad, 2.557 personas resultaron heridas por el “uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza”. La Comisión Provincial por la Memoria detectó un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría de legalidad muy dudosa.
Una de las particularidades de la represión son los disparos a los ojos de los manifestantes, algo que se había visto en Chile por parte de los Carabineros, durante las protestas en el último tramo del gobierno del fallecido Sebastián Piñera. Anmistía detectó que cuatro personas sufrieron la perdida de un ojo por esta práctica.
Los informes señalan que la escalada represiva afecta gravemente la libertad de expresión, por el amedrentamiento de los manifestantes pero también por los ataques a la prensa: Se reportaron al menos 184 periodistas y fotógrafos heridos, entre ellos Pablo Grillo, el caso más grave, alcanzado por el disparo de un gendarme frente al Congreso.
Fuente: DIB
