Mientras la ciudad aún intenta volver a su plenitud tras el temporal que la inundó en marzo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, sumó un nuevo frente de preocupación.
La empresa EDES S.A., proveedora del servicio de energía eléctrica, lo intimó por una deuda de $7.500 millones que el gobierno local mantiene por el consumo en barrios carenciados.
En este sentido, Luis Calderaro, Jefe de Gabinete del municipio dijo que, en primer lugar, desde el municipio se viene en una mesa de trabajo con Edes, con quien tienen buena relación. Lo que pasó es que mandaron una carta a documento, lo cual le llamó la atención la repercusión que tuvo y aclaró que “no va a haber ningún corte y lo que el intendente está haciendo con valentía y criterio es que Bahía Blanca ni sus vecinos paguen por cosas que no tienen que pagar”.
Sobre esto refiere a que en el caso del AMBA, están Edenor y Edesur, donde del lado de Capital Federal paga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los usuarios que viven en barrio vulnerables y en el caso del conurbano bonaerense lleva su cargo la provincia de Buenos Aires y desde la ciudad se está pidiendo que tengan el mismo tratamiento.
“El municipio no está dispuesto a pagarlo, las reuniones entre el intendente y el gobernador están presentes y queremos que se llegue a un acuerdo, por los vecinos que viven en barrios en situaciones de vulnerabilidad”, señaló el funcionario.
El martes habrá una reunión para ordenar la situación y el paso de la informalidad a la formalidad, no genere un gasto que la familia no pueda hacerse cargo.
La carta a documento, reconoce que se debe a un llamado de atención en la discusión del presupuesto general de gastos y recursos que lleva adelante la gobernación.
“Esto empieza en el año 2017 con el gobierno de Macri y gobernación de Vidal, donde los usuarios que estaban dentro de Edenor y Edesur, se hacen cargo la Ciudad Autónoma y la Gobernación, y claramente genera una situación de injusticia para Bahía Blanca y sus familias”, refirió Calderaro sobre la intimación realizada por Edes.
En Bahía hay aproximadamente 8500 familias en la situación de informalidad y dentro de los barrios que están integrados en OPISU, ahí se llevarán adelante 26 mil metros de tendido eléctrico que acomodarán a la mitad de esta cantidad de familias.
Sobre que se haya filtrado la información, afirmó que les llama la atención que esta filtración genere una situación que no es deseada ni por la empresa ni por el gobierno.
La deuda es de 7.500 millones, pero es una energía que se presta en situaciones de irregularidad y eso hace más oneroso el servicio y quienes toman esta electricidad si pasa algo no tienen donde reclamar. “Queremos llevar obras públicas en lugares donde no se han realizado y son las que van a dar la solución definitiva a este problema”.
