La Sindicación General de la Nación (SIGEN) redefinió su estructura administrativa al implementar un nuevo organigrama compuesto por una Secretaría General y ocho gerencias, suprimiendo secretarías de perfil político como la Secretaría Operativa, la Subsecretaría Operativa, la Secretaría Administrativa y la Secretaría de Normativa e Innovación.
Para las autoridades nacionales esta transformación marca el final de funciones con orientación mayormente política dentro del organismo, priorizando áreas técnicas y gerencias sustantivas para fortalecer la fiscalización y el control en la administración pública nacional.
La decisión fue formalizada a través de la resolución 354/2025, firmada por Alejandro Fabián Díaz, Síndico General de la Nación, y publicada en el Boletín Oficial. La norma sustituye el anterior marco organizativo contenido en las resoluciones SIGEN N° 185/2020 y Nº 297/2020 y sus modificatorias, y responde a la necesidad de actualizar los mecanismos de control interno y dotar al organismo de mayor especificidad técnica y capacidad operativa.
El nuevo esquema institucional identifica como ejes a la Gerencia de Control —encargada de supervisar ministerios, jurisdicciones, organismos descentralizados y universidades— y a la Gerencia de Fiscalización, responsable de coordinar comisiones fiscalizadoras en empresas con participación estatal. A ellas se suma la Gerencia de Proyectos Especiales, dedicada a auditorías puntuales y de tecnologías de la información.
Las gerencias jurídicas y técnicas completan el dispositivo operativo, junto a áreas de apoyo fortalecidas y una estructura más centrada en el conocimiento y la prevención de riesgos.
Las llamadas gerencias sustantivas son aquellas que tienen responsabilidad directa sobre los procesos de control y fiscalización sustanciales al objetivo de la SIGEN; abarcan la Gerencia de Control, la Gerencia de Fiscalización, y la Gerencia de Proyectos Especiales. Estas reparticiones tienen a cargo la tarea principal de auditar, supervisar y garantizar la transparencia en los organismos públicos y empresas estatales, así como el desarrollo de auditorías específicas en áreas críticas, como la digitalización administrativa. Su protagonismo en la nueva estructura responde a la necesidad de centrar los esfuerzos y recursos en el núcleo de la misión de control, desburocratizando y evitando interferencias políticas.
La enumeración de las áreas eliminadas incluye:
-Secretaría Operativa
-Subsecretaría Operativa
-Secretaría Administrativa
-Secretaría de Normativa e Innovación
La razón principal para la supresión de estos “ravioles” que funcionaban dentro del organigrama de la SIGEN reside en su carácter político-administrativo, que no aportaba valor técnico directo al control interno ni a la auditoría.
En diálogo con Infobae, el Auditor General de la Nación opinó: “Vivimos en un tiempo donde toda la sociedad reclama políticas públicas efectivas, que la gestión pública brinde un salto cualitativo, que estas políticas funcionen. Desde SIGEN tenemos claro que un adecuado trabajo de nuestro organismo representa, entre otras cuestiones, en que el control llegue en forma oportuna, para poder brindar así el impacto pensado para que los recursos del Estado alcancen el destino apropiado. Si las estructuras burocráticas se anteponen, el control llega inexorablemente tarde”.
Tal como detalla la fundamentación de la resolución, la eliminación de estas dependencias la cuatro dependencias apunta a agilizar la toma de decisiones, reducir la burocracia, despolitizar los circuitos de designación y focalizar los recursos en tareas de alto valor agregado para el control estatal.
En detalle, el cambio más significativo recae en las gerencias sustantivas: estas asumen un rol protagónico en la designación y supervisión de los auditores internos en organismos estatales, función que hasta ahora dependía de la conducción centralizada.
Este nuevo esquema desactiva los mecanismos de designación política, o “dedo político”, según explicaron a este medio funcionarios del área, y otorga mayor transparencia y profesionalismo a la gestión del control interno.
El área de integridad también fue jerarquizada: bajo conducción técnica, asume como enlace institucional con la Oficina Anticorrupción y establece que quienes se desempeñen en la Gerencia de Integridad no perciban adicionales ni suplementos salariales, en consonancia con las normativas de transparencia y responsabilidad salarial vigentes.
La SIGEN, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene a su cargo el control y la auditoría interna de la administración pública nacional, conforme a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Sus funciones incluyen controlar el uso de fondos públicos, coordinar las Unidades de Auditoría Interna de los organismos estatales, elaborar informes técnicos y proponer recomendaciones que eleven la eficiencia y la legalidad en la gestión.
Durante la presidencia de Javier Milei, el organismo jugó un papel clave en el monitoreo de la reducción del gasto, las reformas estatales y la fiscalización de empresas públicas, y profundizó las auditorías especiales sobre el uso de fondos en áreas sensibles como políticas sociales, obras de infraestructura y procesos de digitalización administrativa.
El 18 de julio pasado la administración de La Libertad Avanza decidió desplazar de la titularidad de la SIGEN a Miguel Blanco estuvo en su cargo del inicio de la gestión de Javier Milei y designó a Alejandro Díaz. Hasta ese momento, Díaz se desempeñaba como gerente de Auditoría Interna de Nucleoeléctrica Argentina y miembro del Comité de Integridad y Secretario Ejecutivo del Comité de Auditoría. Se trata de una empresa generadora de energía eléctrica argentina, que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II.
Blanco tuvo una gran participación en el arranque de la gestión libertaria. A los pocos días de llegar a la Casa Rosada, el jefe de Estado mediante un decreto requirió un informe integral sobre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Las auditorías realizadas sirvieron de base para investigaciones y denuncias ante la Justicia por irregularidades.
Ese informe sobre “traspaso de mando” estuvo integrado por 102 documentos que analizaron la actuación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de los ministerios de Desarrollo Social (ahora Capital Humano), Economía, Defensa, Infraestructura, Interior, Seguridad, Salud, Relaciones Exteriores, Justicia, de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General y de Comunicación.
Sin embargo, este año la gestión de Blanco fue puesta bajo la lupa. Y finalmente fue reemplazado por Díaz, un hombre de perfil netamente técnico.
Entre agosto y septiembre de 2025, la SIGEN registró una notable actividad: emitió 84 resoluciones, 401 comunicaciones y 161 informes comunicados, además de estudios y auditorías especiales en distintos ámbitos del Estado nacional.
Este desempeño se vio reforzado por la integración final del cuerpo de Síndicos Generales Adjuntos de la Nación después de quince años, con la designación de Axel Martín, Juan de Dios Bell y José Lago Rodriguez.
La resolución 354/2025 deroga expresamente los actos administrativos previos y fundamenta la reforma en la necesidad de adoptar un modelo integral de control, anclado en la eficiencia, agilidad y cobertura total de las áreas bajo la competencia del organismo.
En diálogo con Infobae, al fundamentar la decisión, Alejandro Díaz señaló: “La nueva estructura tiene como objetivo consolidar una gestión de recursos mucho más eficiente, con la meta en poner en marcha circuitos administrativos que reordenen el trabajo de áreas sustantivas y no sustantivas.”
Según el Auditor General de la Nación: «Con el nuevo organigrama buscamos potenciar todas las herramientas asociadas al control dentro de cada organismo auditado, y brindarle a cada funcionario a cargo de esas áreas los soportes y el respaldo adecuado para poder desarrollar su tarea”.
A lo largo de una extensa entrevista a este medio, Díaz había adelantado: “Eliminamos 20 cargos políticos, eran capas geológicas de la administración pública”; reconoció que, a su entender, “en el caso de la ANDIS (que estaba a cargo de Diego Spagnuolo) y el fentanilo fallaron los controles” y opinó: “La corrupción mata, es un flagelo cultural que debemos cambiar.”
Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, para Díaz, esos cambios, empezar por su casa, el máximo organismo de control de la administración pública nacional.
FUENTE: INFOBAE
