El gobierno de Javier Milei envió este lunes al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 con la premisa de sostener el equilibrio fiscal, principal ancla de su gestión, aunque igualmente reconocerá un incremento por encima de la inflación proyectada para obras públicas en provincias y municipios. La medida también se conoce tras una serie de traspiés electorales y la disputa de la Casa Rosada con algunos gobernadores que reclaman más fondos. El punto central que surge del mensaje oficial es la decisión de canalizar nuevas partidas hacia jurisdicciones subnacionales, focalizando en programas y proyectos definidos como “prioritarios” por el Gobierno.
La norma del Poder Ejecutivo prevé para 2026 un aumento de $1,1 billones en la partida de gastos de capital de la Administración Nacional, equivalente al 50,3% de incremento respecto a lo presupuestado para este año. El componente más importante de estos gastos corresponde a transferencias de capital, que absorben el 49,7% del total de gastos de capital y aumentan un 81,4 por ciento. La inversión real directa alcanza una suba de 26,1%, mientras que la inversión financiera asciende 41%, según las cifras plasmadas en el texto oficial.
Se trata en todos los casos de subas por encima de la variación esperada para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de 10,1% acumulada. La medida se conoció después de la designación de un nuevo ministro del Interior y de la promesa de una relación “más fluida” con los mandatarios provinciales.
El mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto menciona que en 2026 se dará prioridad a obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), proyectos de modernización ferroviaria con renovación de infraestructura y material rodante, inversión energética orientada al desarrollo hidroeléctrico y nuclear, fortalecimiento de defensa y seguridad, y la ampliación de redes de agua y saneamiento. “La ampliación y optimización de las redes de agua y saneamiento apuntan a mejorar la cobertura y calidad del servicio”, describe el documento.
Se trata de un cambio de enfoque para el Gobierno, que había tenido la política de recortar al máximo obras para que sean encabezadas por el sector privado. Aunque, reconocen, hay movimientos que deberán ser realizados primero por el Estado. Hay muchas empresas involucradas que están sujetas a privatización y necesitan “mejoras” para ser más atractivas para eventuales inversores.
Según el anexo oficial, “el gasto público históricamente se ha financiado a partir de la recaudación impositiva, de la captación de fondos en los mercados de deuda o de la emisión monetaria”. El texto remarca que la recaudación desvía recursos del sector privado y la deuda desplaza la inversión privada (“crowding out”), mientras que la emisión fomenta inflación, corta el horizonte de planeamiento y desalienta los proyectos de largo plazo.
El gobierno de Milei argumentó que, tras “años de una tendencia secular al deterioro de la inversión”, la administración “logró erradicar el efecto crowding out, provocando un despegue de la inversión y del crecimiento económico, que superarán el 26% y el 5% en 2025, respectivamente”. La eliminación del déficit fiscal y la disminución de la inflación también reciben mención como factores que “apuntalan la inversión y el clima de negocios”. El texto agrega que “la privatización de empresas públicas aportará a reducir el gasto público, atraer capital privado y mejorar la eficiencia de los servicios prestados”.
Desde el Gobierno se insiste en que “la importancia no radica en la magnitud de la inversión pública, sino en su calidad y eficiencia”. El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) busca asegurar que los proyectos del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) cumplan los requisitos de formulación y evaluación. “Su principal propósito es asegurar que los proyectos que se proponen incluir en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) cumplan los requisitos de formulación y evaluación vigentes, los cuales se basan en las mejores prácticas internacionales en la materia”.
Para el periodo 2026-2028, el Gobierno acordó “priorizar proyectos que se encuentren en ejecución, los que a su vez fueron revisados en función de su alineación con las políticas de gobierno”. Para los proyectos a iniciar, pondera aquellos que impacten positivamente en “la generación de empleo, promuevan la actividad exportadora, contribuyan a mejorar la balanza energética e incidan en potenciar el desarrollo tecnológico”. Además, detalla que reciben prioridad los proyectos con informe de calificación técnica, estudios de prefactibilidad y financiamiento externo.
En el plano sectorial, el enfoque se centra en Obras viales de la DNV, modernización ferroviaria, inversión en energía nuclear e hidroeléctrica, fortalecimiento logístico en defensa y seguridad, y mejora de redes de agua y saneamiento. Una frase del documento sostiene que “otro aspecto para mejorar la eficiencia de la inversión consiste en asegurarse una adecuada formulación y evaluación de proyectos por parte de los organismos formuladores.”
El mensaje informa que el Gobierno incrementó instancias de capacitación en la elaboración y gestión de proyectos, abarcando también organismos provinciales. “Este trabajo se ha extendido, para colaborar con los sistemas de inversión pública provinciales, donde también se han propuesto medidas de mejora de la gestión de la inversión, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales”, define el texto.
También presenta mejoras en los sistemas informáticos del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) y su integración con otros sistemas presupuestarios, “con el objetivo de obtener información de mayor calidad y más oportuna en el BAPIN y así poder reforzar la capacidad de respuesta en la toma de decisiones”. El Gobierno implementa además “la evaluación ex post de un conjunto de proyectos, de manera de analizar si las inversiones se realizaron conforme a lo planeado o si hay diferencias entre lo previsto y lo ejecutado, e indagar las causas de los eventuales desvíos”.
La distribución sectorial de las partidas expone que el gasto de capital para 2026 representa 2,2% del total presupuestado. El monto previsto de crecimiento en inversión real directa estará principalmente influido por las obras viales bajo la órbita de la DNV, las asignaciones para infraestructura económica y social, en especial para proyectos de agua potable, alcantarillado y transporte, las inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el fortalecimiento operativo de la seguridad y defensa. Las transferencias de capital más importantes tienen como destinatarios a Energía Argentina S.A. y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (cada una absorbe 24,5% del total de transferencias de capital), Administración de Infraestructuras Ferroviarias (19,7%) y Operador Ferroviario (12,5%), además de provincias y municipios que concentran un 7,3% del total.
En medio de la disputa entre el Gobierno nacional y gobernadores por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el pasado viernes se transfirieron $12.500 millones a cuatro provincias bajo este concepto. Este monto supera ampliamente los $3.000 millones enviados durante todo agosto, y se da en el marco del empoderamiento que Javier Milei decidió sobre el nuevo Ministerio del Interior, que ahora tiene como flamante titular al ex vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.
El contexto político agrega tensión a estas transferencias, ya que Entre Ríos y Chaco mantienen alianzas electorales entre sus oficialismos provinciales y La Libertad Avanza (LLA). En ambas jurisdicciones, los principales candidatos a diputados y senadores pertenecen a LLA, que compite en conjunto con los gobiernos locales. Además, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) participaron recientemente en la primera reunión de la Mesa Federal, convocada por el Ejecutivo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que marcó la presentación del nuevo ministro del Interior.
FUENTE: INFOBAE
