El Fiscal Gustavo Zorzano, habló esta mañana con BVC Noticias en el inicio del juicio por las estafas en la venta de terrenos donde serán juzgados Antonio Agustín Cardinali, Daiana Paola Bustos, Enrique Cardinali y Valentina Nerea La Cruz, acusados de asociación ilícita.
Es una causa compleja, ya que el debate será durante 8 jornadas, estos tres días que restan de la semana y la semana que viene donde se juzgará a cuatro personas, por haber formado parte de una asociación ilícita, aunque si bien tienen acreditados cinco, el quinto en el marco de un juicio abreviado fue condenado por este delito y hoy se juzgará a los restantes de esta organización.
El fiscal aseguró que forman parte de una familia, pero también tenían una organización que se dedicaban a vender lotes de terreno de inmuebles que no les pertenecían, “Uno de los casos más trascendentes fue la venta de un macizo de terrenos que pertenece a la municipalidad de Bahía Blanca por lo que es de dominio público y no puede ser enajenado por particulares”.
También vendían lotes de terrenos en un sector donde pasa un oleoducto donde no se puede construir en el mismo y en algunos casos vendían los mismos terrenos a diferentes personas. Esto se hizo durante años y obtuvieron ganancias muy importantes por esta labor inmobiliaria fraudulenta, consideró Zorzano.
Admitió también que las víctimas son muchas, pero se llevarán a juicio 46 víctimas que son los casos más resonantes y determinantes.
La modalidad de operación que tenían es que uno realizaba las publicaciones en redes, coordinaba el encuentro con las personas interesadas, otro de los integrantes mostraba los lotes, después confeccionaban documentación y aparecía como vendedor uno de los integrantes de la familia, se presentaban en la escribanía, donde realizaban la firma y aparentaba ser una gestión legítima, aunque mostraban documentación que era falsa.
Sobre Catastro dijo que no se encontró ningún responsable, “estas personas eran vecinas del lugar y conocían los terrenos, eran propietarios de inmuebles de la zona, pero nada les da el derecho de agarrar los terrenos de los vecinos y venderlos”.
La pena para el delito de asociación ilícita va de 3 a 10 años de prisión y en el caso de las estafas llega hasta los 6 años de prisión. Aclaró que, si bien algunos tuvieron una participación más activa que otros, la mínima de la pena es de 3 años, así como también que los hermanos Cardinali ya tenían antecedentes por delitos similares y se tendrá en cuenta para la pena.
