El Gobierno terminó julio con un déficit financiero por algo más de $168.000 millones, un número influido por el alto componente de intereses de deuda, que sumaron casi 2 billones de pesos ese mes. Así, julio fue el segundo mes desde que comenzó el mandato de Javier Milei con rojo fiscal.
La Secretaría de Hacienda informó, además, que el superávit primario, que no toma en consideración el peso de la deuda, fue de 1,7 billones de pesos. El Gobierno logró mostrar superávit fiscal en todos los meses de este año, con la única excepción de julio de 2024. Para 2025, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de alcanzar un resultado positivo superior al que había proyectado a comienzos del año: un 1,6% del PBI, cifra que ya quedó “oficializada” en la última revisión de metas acordada con el FMI.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, el superávit primario mostró un incremento real del 41% respecto de igual mes de 2024. Esto se explicó por un aumento de los ingresos totales del 2,8% interanual y por una reducción de los gastos primarios de 1,3% en la misma comparación.
El comunicado oficial detalló que los pagos de intereses tuvieron un peso excepcional durante julio debido a los vencimientos semestrales de los bonos Bonares y Globales. En ese marco, “los pagos netos de tenencias intra sector público sumaron $1,9 billones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio”. A lo anterior se agregó, mencionaron, el impacto del medio aguinaldo correspondiente al personal del Estado.
En los primeros siete meses del año, las cuentas públicas acumularon un superávit primario equivalente a 1,1% del PBI y un superávit financiero del 0,3% del PBI. El Gobierno se planteó como meta hacia fin de año haber acumulado un excedente primario de 1,6% del Producto Bruto.
Desde Economía destacaron que “la consolidación del equilibrio fiscal permitió aplicar medidas de reducción impositiva y ordenamiento tributario”. Entre esas medidas mencionaron la eliminación del impuesto PAIS y de derechos de exportación para economías regionales, junto con la reducción transitoria de retenciones para exportaciones de granos hasta mitad de año, una medida que luego fue convertida en permanente.
Durante julio de 2025, el gasto primario del Sector Público Nacional ascendió a $11,3 billones, lo que representó un incremento interanual del 34,8%. Según el Ministerio de Economía, el ritmo de expansión del gasto volvió a ser más moderado que el de los ingresos.
Dentro de ese total, las prestaciones sociales concentraron la mayor parte de las erogaciones con $7 billones, un aumento del 44,3% en relación con julio de 2024. En paralelo, las remuneraciones del personal del Estado alcanzaron $1,7 billones, con una suba interanual de 22,8%, vinculada tanto a los aumentos salariales acordados como a la reducción progresiva de la planta de empleados públicos.
Las transferencias corrientes sumaron $3,8 billones, con un crecimiento interanual del 21,2%. De ese total, las destinadas al sector privado se incrementaron en $376.400 millones, equivalente a una variación de 14,2%. Por su parte, las transferencias corrientes al sector público treparon a $768.686 millones, lo que implicó una suba interanual de 55,6%.
En cuanto a los subsidios económicos, el informe señaló una contracción de $715.114 millones, equivalente a una reducción del 15,4% interanual. Dentro de ese rubro, los subsidios energéticos cayeron $1,1 billones (-34%), mientras que los destinados al transporte crecieron $525.999 millones, con un incremento interanual de 49,9%.
En el transcurso de estos meses, la trayectoria de las cuentas públicas estuvo marcada por fuerzas en tensión. El gasto en jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo, que representa algo menos de la mitad de las erogaciones totales, viene aumentando de manera sostenida desde que en abril de 2024 el Ejecutivo decretó su indexación automática.
Ese componente del gasto resulta prácticamente imposible de reducir y, a la vez, gana mayor peso a medida que la inflación se desacelera. La razón es que los ajustes se calculan con el IPC de dos meses atrás. Así, en agosto se aplicará un incremento de 1,6%, que corresponde a la inflación de junio. En un contexto de precios en baja, ese rezago se traduce en un aumento real del costo para el presupuesto.
El entendimiento con el FMI, luego de la primera revisión de metas, puso el acento en el programa fiscal como una de las principales anclas del esquema económico. Con el superávit primario como eje, el organismo aceptó eliminar la meta trimestral prevista para septiembre y fijó en cambio un piso de 10,8 billones de pesos de excedente.
En su informe, el Fondo advirtió que mantener un superávit primario equivalente al 1,6% del PBI “es necesario para preservar la estabilidad financiera”. Al mismo tiempo, adelantó que el Presupuesto 2026 “incluirá un marco fiscal de mediano plazo y una evaluación integral de riesgos”.
FUENTE: INFOBAE
