La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA), la International Air Transport Association (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) manifestaron su preocupación por el plan de retención de tareas que la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) definió para julio. La medida sindical, informada este lunes por la mañana, coincidió con el receso invernal en varias provincias, un periodo con alta demanda de vuelos domésticos e internacionales.
ATEPSA comunicó que iniciará interrupciones en la recepción y transmisión de planes de vuelo, así como en la autorización de movimientos de aeronaves y vehículos en pista. El cronograma incluye diez jornadas con horarios específicos de afectación, con inicio el 11 de julio a las 12:00. La lista completa de días comprende el 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de julio, con franjas horarias que varían entre las seis y las catorce horas de duración.
Las organizaciones empresarias del transporte aéreo advirtieron que una acción de este tipo ocasionará pérdidas a pasajeros, clientes de carga, aerolíneas, hoteles, restaurantes, agencias de excursiones, alquileres de vehículos, eventos y comercios en todo el país. Según el comunicado conjunto, la oportunidad y la extensión de la medida en un periodo de alta concentración turística impiden reprogramar todos los vuelos o reacomodar a los pasajeros afectados por las cancelaciones.
El sindicato justificó su decisión en un conflicto laboral que sostuvo por más de diez meses sin recibir una propuesta que considerara adecuada de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Según la declaración gremial, los organismos presentaron informes tendenciosos que buscaban deslegitimar el reclamo sindical.
Durante las fechas indicadas, ATEPSA previó que se exceptuarán las operaciones de emergencia, tales como vuelos sanitarios, humanitarios y de búsqueda y rescate. No obstante, señaló que su propósito es limitar los despegues de aeronaves comerciales y la coordinación de vuelos regulares en todos los aeropuertos del país.
En una audiencia celebrada el 4 de julio, las autoridades rechazaron el esquema de paros y remarcaron que los controladores aéreos ejercen un rol esencial que no puede interrumpirse sin riesgo para la seguridad operacional y la vida de las personas. ATEPSA mantuvo su postura y reiteró que agotó las vías administrativas antes de confirmar la protesta.
El calendario de vacaciones escolares, que varía según cada provincia, agrava el impacto de las retenciones. Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán fijaron su receso entre el 7 y el 18 de julio. Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego lo programaron del 14 al 25 de julio. En Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero las vacaciones se desarrollarán del 21 de julio al 1 de agosto.
En junio, los sindicatos aeronáuticos presentaron una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que acusaron al Gobierno de vulnerar el derecho a la huelga al declarar la actividad aérea como servicio esencial. Según su perspectiva, esa calificación restringe de manera desproporcionada la posibilidad de realizar paros totales, ya que obliga a mantener una dotación mínima de operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos.
Una medida “oportunista”
El comunicado empresarial divulgado por JURCA, IATA y ALTA calificó la convocatoria de ATEPSA como “innecesariamente oportunista” por coincidir con fechas de receso invernal. Las cámaras hicieron un llamado a reconsiderar la extensión de la protesta y a tener en cuenta su efecto sobre la población general. También recomendaron a los pasajeros y clientes de carga seguir con atención los anuncios de las aerolíneas por posibles cancelaciones y reprogramaciones.
En paralelo, el resto de los gremios aeronáuticos —APLA, UPSA, APA y Aeronavegantes— convocaron un plenario conjunto para el 10 de julio. Allí definieron avanzar en la coordinación de un plan de acción unificado frente a las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional, que acusan de promover una desregulación salvaje del transporte aéreo. Entre los ejes del reclamo, figuran el cuestionamiento al Decreto 378/2025, que amplió los márgenes de horas de vuelo y redujo los tiempos mínimos de descanso de las tripulaciones.
En el comunicado difundido por las asociaciones empresarias se subrayó que el paro de controladores aéreos traerá consecuencias millonarias para la industria aerocomercial y toda la cadena de actividades relacionadas con el turismo. Indicaron que, debido a la alta demanda estacional, resulta inviable concentrar los vuelos afectados en horarios sin retenciones. Según remarcaron, esa circunstancia imposibilita cumplir con los itinerarios programados y genera un nivel de incertidumbre que repercute en la confianza de los usuarios.
“IATA, JURCA y ALTA hacen un llamamiento a los involucrados para reevaluar la extensión de la medida anunciada y especialmente las fechas afectadas, instando a que el ejercicio de los derechos se realice sin perder de vista el impacto que ello genera en la población en general”, manifestaron.
