A través de una carta los familiares de víctimas de siniestros viales de todo el país se dirigieron a los ministros de de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Economía, Luis Caputo, y Transporte, Luis Pierrini, ante la posibilidad de cierre o fusión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
En el escrito manifestaron: “La seguridad vial no puede verse afectada por decisiones que impliquen el debilitamiento de las políticas públicas que han demostrado salvar vidas” y recordaron el discurso de asunción presidencial, Javier Milei afirmó: “Mueren cerca de 15 mil argentinos por año en accidentes de tránsito”.
La seguridad vial es un problema urgente que requiere un Estado presente y políticas públicas eficaces. Desde su creación en 2008 mediante la Ley 26.363, la ANSV ha cumplido un rol fundamental en la implementación de normativas, controles y campañas que han permitido reducir la siniestralidad vial. Su eliminación no solo
generaría un retroceso en la política de seguridad vial, sino que también podría traducirse en un
incremento de muertes evitables.
Uno de los logros más importantes alcanzados es la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y la unificación del control de antecedentes. Si la ANSV desaparece, cada jurisdicción podría establecer sus propios criterios, generando desigualdad y debilitando los controles sobre conductores inexpertos o con antecedentes graves. También se perdería la coordinación de operativos y programas como el scoring, fundamentales para la prevención de siniestros.
Además, la ANSV sostiene la Línea 149 opción 2, un servicio esencial de atención a víctimas y familiares de siniestros viales que es una herramienta clave para la asistencia en todo el país. Su desaparición dejaría a miles de familias sin apoyo en los momentos más críticos.
La unificación de datos a nivel nacional por un organismo como la ANSV no solo permite diagnosticar con mayor precisión la situación, sino que obliga a las provincias y demás jurisdicciones a adecuarse, adoptar y aplicar medidas acordes.
Durante décadas, la ausencia de datos oficiales consolidados sobre siniestralidad, incluyendo registros de fallecidos y heridos, identificación de regiones, horarios, tipos de vehículos, organismos intervinientes y demás
datos relevantes, resultó en políticas ineficaces, superposición de acciones e inversiones, y la consecuente desatención de las causas de la siniestralidad. Una de las principales razones por las que la tasa de siniestralidad no desciende es la anarquía, contradicción e incongruencia en las medidas de control, atención, prevención, evaluación y seguimiento del tema vial en general.
Por el Artículo 12 de la Ley 26.363, la ANSV cuenta con financiamiento propio en más del 80% de su patrimonio desde su creación, por lo cual es un organismo autárquico. Su financiación se nutre, entre otras fuentes, de contribuciones de las aseguradoras, lo que garantiza su independencia y capacidad operativa. No se trata solo de que no implica un costo fiscal para el Estado: el funcionamiento de la ANSV también favorece al mercado. A través del aporte del 1% de las aseguradoras, si la gestión es eficiente y logra reducir la cantidad de siniestros y víctimas, eso impacta positivamente en todo el sistema. Disminuyen las primas de seguros, se reduce el riesgo y mejora la rentabilidad de las empresas aseguradoras. Los principales beneficiarios son los consumidores y usuarios del seguro, que acceden a un servicio más eficiente y económico.
Además, la reducción de víctimas y lesionados genera importantes externalidades positivas para el sistema de salud, la economía y la sociedad en su conjunto.
Por todo lo expuesto, esperamos que lejos de eliminar o fusionar el organismo con otros cuya competencia no prioriza la seguridad vial, se fortalezca la prevención, el control y la fiscalización que realiza la ANSV en todo el país.
