El abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, criticó con dureza la resolución de la Corte Suprema que dejó firme la condena en su contra por administración fraudulenta en el causa Vialidad, al tiempo que adelantó los pasos a seguir en la estrategia judicial de la expresidenta.
Tras cuestionar con dureza el accionar del máximo tribunal por supuestas anomalías en el proceso de decisión, Beraldi confirmó que la defensa ya presentó un pedido formal para que Cristina cumpla la condena en arresto domiciliario. Esto se basa en lo dispuesto por la ley para personas mayores de 70 años -la exmandataria tiene 72- y en las condiciones específicas de seguridad que le corresponden por haber sido jefa de Estado.
En ese sentido, explicó que la defensa concentrará sus esfuerzos en lograr que se otorgue el arresto domiciliario. Además, advirtió que la resolución sobre ese pedido permitirá evaluar si los jueces involucrados “van a actuar como un tribunal de justicia o si se van a encolumnar en esta idea de que se le puede hacer cualquier cosa al peronismo”.
Cristina pidió que el arresto domiciliaria sea en el edificio de la calle San José, donde vive actualmente y donde el martes saludó desde el balcón a los militantes que la acompañaron después de la resolución del máximo tribunal. Los abogados plantearon “razones de seguridad personal” por haber sido presidenta. Señalaron que en ese rol tuvo “información de carácter secreto o bien confidencial”, por lo que debe tener una custodia especial de la Policía Federal. En esa misma línea, el pedido de prisión domiciliaria recordó el intento de homicidio.
La ex presidenta también solicitó que no se le coloque una tobillera electrónica para cumplir la prisión domiciliaria. Se trata de un dispositivo que controla los movimientos del detenido y que se activa en caso que viole el lugar de detención. La defensa sostuvo que Cristina cuenta con custodia de la Policía Federal las 24 horas, lo que garantiza que no se va a fugar ni a violar la detención domiciliaria.
Respecto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, indicó a C5N que, al tratarse de una sentencia firme, las instancias nacionales ya se encuentran agotadas. En ese marco, anticipó que se analiza recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que prevé mecanismos especiales para situaciones urgentes. Según precisó, una eventual resolución de ese organismo podría dar lugar a la presentación de un recurso de revisión en la justicia argentina, con el fin de aplicar de forma inmediata los efectos del pronunciamiento internacional.
El abogado advirtió que ese proceso insumirá tiempo y que quienes promovieron la condena “saben que de esta manera sacan a Cristina de la cancha, al menos en términos electorales, durante un tiempo”. Sin embargo, explicó que, de prosperar el reclamo ante la CIDH, se abriría una vía legal para revertir la inhabilitación. (DIB)
