Sobre la base del antecedente de un fallo, la Justicia Federal ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a restituir la cobertura total de medicamentos en Córdoba. La resolución debería estar activa desde este jueves, según confirmaron fuentes judiciales.
La medida busca revertir los efectos de la Resolución 2024-2431, emitida por el PAMI el 22 de agosto de 2024, que había recortado el acceso gratuito a los medicamentos esenciales. La Justicia también dejó sin efecto todas las disposiciones complementarias, modificatorias y futuras que pudieran afectar el acceso a la cobertura médica.
Desde PAMI confirmaron que acatarán el fallo, aunque presentarán un recurso extraordinario ante la Corte. La medida que se aplica en territorio cordobés fue otorgada por la Justicia Federal de Mendoza.
La resolución fue emitida por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, en el marco de un amparo colectivo presentado por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
Presentación.
La decisión judicial surgió como respuesta a la presentación realizada en diciembre por diversas organizaciones, entre ellas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Civil de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Foro Solidario Córdoba, la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, y afiliados al Pami Gustavo Ignacio Tissera, Néstor Edgardo Anglada, Roberto Ernesto Chiavassa, Alcira Steinmetz y Alicia Beatriz Acin. También participó Oscar Atienza, quien brindó un aporte científico a la causa.
El amparo colectivo se unificó en marzo con otros expedientes similares presentados en Salta, Tucumán y Mendoza, conformando el expediente FMZ 27196/202. En todos los casos, la Justicia Federal hizo lugar a las medidas y extendió la protección a las provincias involucradas.
La resolución judicial establece tres puntos centrales. Primero, la restitución de la cobertura del 100% de los medicamentos esenciales a todos los afiliados al PAMI, en forma gratuita.
Segundo, la obligación de informar de manera clara y pública esta medida a través de medios digitales de circulación masiva en la provincia. Y tercero, la admisión formal del recurso de amparo contra el PAMI y el Gobierno nacional, que ahora deberán responder en un plazo de 10 días sobre los fundamentos que motivaron la suspensión de ese beneficio.
(El Destape)
