En su última sesión el Consejo Superior Universitario aprobó por unanimidad la resolución mediante la cual ratifica la declaración de emergencia en materia salarial para todo el personal docente y Nodocente de la institución.
La medida se adopta en un contexto de profunda preocupación por la falta de avances en las negociaciones paritarias nacionales, que ha derivado en un marcado deterioro del poder adquisitivo de los salarios del sector universitario. En los fundamentos de la resolución CSU-270/2025, se destaca que durante el año 2024 las y los docentes, investigadoras e investigadores, así como el personal Nodocente, sufrieron una pérdida salarial que superó ampliamente el 50%. A ello se suma que en los primeros meses de 2025 las recomposiciones salariales otorgadas han sido menores al índice de inflación registrado por el INDEC, profundizando la situación crítica.
Como antecedente directo, en octubre de 2024 el Consejo Superior ya había declarado la emergencia en materia salarial mediante la resolución CSU-558/2024, en respuesta al veto presidencial del proyecto de ley que había sido aprobado por ambas cámaras del Congreso y que proponía un financiamiento adecuado para el sistema universitario. Desde entonces, gremios como ADUNS, SUDUNS y ATUNS, junto con representaciones estudiantiles, vienen manifestando su preocupación a través de reclamos y movilizaciones sostenidas.
En la resolución más reciente, el CSU subraya que la crisis salarial no sólo afecta a las condiciones laborales del personal universitario, sino que repercute de manera directa en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad: enseñanza, investigación y extensión. Además, remarca que garantizar salarios dignos y acordes a las tareas desempeñadas es una condición imprescindible para asegurar una educación pública de calidad en todos los niveles del sistema.
En consecuencia, el Consejo Superior instó al Gobierno Nacional a convocar de manera urgente la paritaria universitaria y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una recomposición salarial justa y sostenible, en reconocimiento al compromiso y la responsabilidad asumidos por las y los trabajadores de la educación.
