El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, anunció este jueves en una conferencia de prensa en Casa Rosada que habrá un nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, orientado a reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes que operan dentro del sistema formal.
Pazo explicó que la nueva normativa se centra exclusivamente en la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales y el patrimonio de los ciudadanos. “No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA”, afirmó Pazo durante la presentación oficial, en el marco de las medidas hacia la desburocratización de los procesos impositivos.
Los contribuyentes van a poder optar por este nuevo régimen en junio, es decir para el ejercicio fiscal 2025 que comienza a mitad de año y vence a mediados del siguiente. En el próximo vencimiento de mayo de 2026, cada persona accederá a su perfil en la web de ARCA, visualizará el monto determinado por el organismo, y podrá aceptarlo, pagarlo o rectificarlo en función de los datos disponibles. Este cambio representa una transformación significativa respecto del régimen actual.
En el sistema vigente, todas las personas que debían declarar Ganancias tenían que cargar al sistema la facturación del año completo, todos los gastos deducibles y también los consumos personales. Además, el contribuyente estaba obligado a informar sobre su patrimonio al inicio y al cierre del año fiscal. Esta estructura generaba una Declaración Jurada compleja, idéntica a la que presentaban los grandes contribuyentes.
Con la nueva propuesta, ARCA pasará a calcular automáticamente el monto del impuesto, utilizando la información derivada de las facturas y los gastos deducibles registrados en el sistema. Así, el ciudadano tendrá una carga mucho menor y un procedimiento más rápido. “Este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. Cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada”, aseguró Pazo.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, aportó su análisis sobre el alcance de la medida. Señaló que, como el Ejecutivo no puede modificar la Ley del impuesto a las Ganancias mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, por lo que los cambios implementados se limitarán al terreno reglamentario de ARCA.
Domínguez explicó que el Gobierno busca eliminar uno de los elementos más complejos de la declaración jurada: la justificación patrimonial, que incluye el monto consumido durante el año. En el esquema actual, esa justificación es utilizada para cruzar datos de ingresos, consumos y activos a fin de verificar la consistencia de la declaración presentada por el contribuyente.
Con el nuevo régimen, esa obligación dejaría de existir. El contribuyente no necesitaría informar sus bienes al 31 de diciembre ni el dinero utilizado durante el año para cubrir sus gastos. Además, si está inscripto en el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto a los Bienes Personales (REIBP), tampoco tendría que detallar sus activos, a menos que supere el mínimo no imponible.
La medida implicaría, entonces, una transformación sustancial en la forma en la que se administra y fiscaliza el impuesto. ARCA ya no contaría con detalles sobre el patrimonio ni sobre consumos personales, lo que debilitaría una herramienta tradicionalmente empleada para detectar inconsistencias fiscales.
Desde el punto de vista de los contribuyentes, la simplificación facilitaría la autoliquidación del tributo, al disminuir la cantidad de información que deben reunir y presentar. Sin embargo, Domínguez advirtió que, aunque ya no sea obligatoria la justificación patrimonial ante el fisco, los ciudadanos deberán seguir elaborándola internamente para evaluar riesgos fiscales vinculados a gastos o activos no justificados.
En la visión del CEO de SDC Asesores Tributarios, la pérdida de esta herramienta de control tiene implicancias significativas para el sistema tributario. “La justificación patrimonial permite detectar incrementos patrimoniales no justificados, inconsistencias entre ingresos y consumos, y bienes que no se condicen con las rentas declaradas”, detalló.
A pesar de estos riesgos, el Gobierno considera que la medida forma parte de una estrategia más amplia de simplificación y desregulación tributaria. En palabras de Pazo, el objetivo es “generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal”, una condición que consideran necesaria para facilitar el acceso al crédito de largo plazo y promover el crecimiento económico sustentado.
FUENTE: INFOBAE
