El Senado sancionó este jueves la ley que implementa cambios penales sobre la reincidencia y reiterancia para desactivar, según palabras del propio Gobierno, la denostada “puerta giratoria” de delincuentes. La iniciativa obtuvo 67 adhesiones en la votación en general -unánime- y a los pocos minutos avanzó con la particular, donde el kirchnerismo rechazó un puñado de artículos.
Al revisar el texto, el primer artículo deja en claro que “se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Un segundo punto involucra la falta de un criterio legal único, ya que es usual que se realice un ‘mix’. Con la ley, la pena final será por la sumatoria de todos los delitos.
En tercer lugar, vale destacar la diferencia entre “reiterancia” y “reincidencia”. Por caso, un juez hoy valora y dicta en base a la posibilidad de fuga y/o entorpecimiento de la causa. A partir de ahora, se incorporará un tercer supuesto con las imputaciones previas que haya tenido el involucrado, lo cual deberá también ser considerado por el magistrado a cargo de definir este tipo de situaciones.
Como miembro informante, el senador libertario y titular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), indicó: “La justicia penal se encuentra sobrepasada. Necesitamos reformular la justicia, la construcción de cárceles nuevas y de institutos que reciban a menores para evitar que caigan en escuelas del delito y necesitamos que las normas de excarcelación se cumplan”. Para este tema, sólo tres legisladores hicieron uso de la palabra.
Previo a la sesión, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advirtió: “Si se aprueban estas iniciativas se agravará el hacinamiento en los lugares de detención. Entre 2016 y 2023, la cantidad de personas privadas de libertad en cárceles creció en un 48,5%”.
Anti mafias
El último proyecto de la sesión fue sancionado de manera unánime con 38 votos del oficialismo, de la oposición dialoguista y de los integrantes del Frente de Todos Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy). El resto de la bancada kirchnerista se fue del recinto antes de la definición para evitar una nueva fractura que, en los hechos, se consumó.
Como miembro informante, la radical Carolina Losada (Santa Fe) expresó: “Estamos dando una batalla muy dura en contra del narcotráfico y esta ley va a ser fundamental para esa lucha, porque va sobre cada eslabón de la cadena y eso es importante, porque todos son igualmente responsables”.
La iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno libertario, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
El Ejecutivo tomó como base la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.
La Ley RICO es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.
Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serán penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también abarca mucho más: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.
Desde el kirchnerismo, Oscar Parrilli (Neuquén) subrayó: “Este proyecto sobre crimen organizado se mete sobre la autoridad jurisdiccional de cada gobernador. Tenemos que corregir el avasallamiento al federalismo y a las autonomías provinciales”. Losada lo acusó de haber mentido en ese aspecto. En tanto, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), quien le recordó que la ley fue trabajada “en Diputados de manera muy cuidadosa, con correcciones de todos los bloques”.
FUENTE: INFOBAE
