Con la declaración de los comerciantes de Bahía Blanca que sufrieron grandes perjuicios económicos, se inició el juicio a Emiliano Jesús Veralli y Gisela Soraya Trujillo acusados de asociación ilícita y de 20 hechos de defraudación mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito en Bahía Blanca y Saavedra.
Los damnificados detallaron la forma en la cual se llevaron a cabo las estafas y la forma en la que reaccionaron cuando las compras eran desconocidas, siendo que la mercadería ya había sido entregada. Además, uno de ellos detalló que logró rastrear las herramientas que eran de su propiedad, ya que estaban siendo ofrecidas a la venta por Marketplace a un menor valor, es así que se acercó a uno de los domicilios con la policía y logró recuperar lo sustraído.
Según la investigación, realizada por la UFIJ N.º 18 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, los hechos se registraron entre marzo y julio de 2021 cuando Veralli y Ezequiel Constazo Rodríguez -quienes se encontraban alojados en la Unidad Penal N.º 19 de Saavedra- junto a Trujillo y otras personas no identificadas, acordaron y organizaron la distribución de tareas logísticas para adquirir mercadería a través de compras telefónicas.
Esas transacciones eran abonadas con tarjetas de crédito de terceros, se realizaban las entregas y más tarde, cuando las operaciones eran desconocidas por los titulares y denunciadas a los bancos, eso generó un perjuicio económico a varios comerciantes de diversos rubros como ferreterías, blanquerías y colchonerías.
Además, en algunos casos la mercadería era retirada por fleteros o empresas de transporte y ofrecida a la venta a través de Marketplace. En esos casos, Trujillo era la encargada de retener las compras ilícitas en su domicilio hasta que se llevaba a cabo la reventa.
También, se logró determinar la participación necesaria de Mario Alberto Marín en dos defraudaciones mediante el retiro de mercadería, con el conocimiento de que se encontraba participando de una actividad ilícita.
Veralli y Trujillo llegaron a juicio imputados de los delitos de asociación ilícita y 20 hechos de defraudación. Constanzo Rodríguez fue condenado en juicio abreviado a la pena de 8 años de prisión y Marín recibió una suspensión de juicio a prueba, reglas de conducta por 2 años y se acordó una reparación económica para los comerciantes afectados.
