A falta de la aprobación legislativa del Presupuesto 2025 que el Gobierno presentó en tiempo y forma a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 3/2025 que se publicó en el Boletín Oficial, con la distribución de las partidas entre los ministerios, los tres poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Tesorería y el servicio de la deuda pública.
Así lo establece el artículo 27 la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, como ocurrió en 2024, cuando el Gobierno debió tomar como base el Presupuesto de 2023, más la actualización del último año, para “asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
En el Anexo I de la norma se desagrega en sus 254 folios el total de $170.786.950 millones de las partidas asignadas por cada jurisdicción. Representa un aumento de $81,1 billones en comparación con el total ejecutado por la Administración Central en 2024, y equivale a una suba del 90,5% nominal y 40,7% real, según la pauta de inflación para el promedio del año de 35,44%, implícita en el supuesto presentado al Congreso de 18,3% entre diciembre 2025 respecto de igual mes del año anterior.
Semejante incremento no implica el abandono de la “motosierra”, sello del gobierno de Javier Milei y que quedó de manifiesto en el primer año de presidencia, sino que responde a la concentración de vencimientos de la deuda pública que dejó la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, los cuales fueron estimados en $60,7 billones. Este monto sube respecto del ejecutado en 2024 en 544,5% en valores nominales y 375,8% descontado el efecto de la inflación proyectada.
El gasto primario -sin servicio de la deuda- se estimó inicialmente en $110,1 billones, con sendos crecimientos de 37,2% nominal y 1,3% en valores reales, en este caso equivalente a la cuarta parte del aumento real estimado del PBI (5 por ciento).
