El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, confirmó que el gobierno no continuará con la construcción de un espacio de memoria en Campo de Mayo para recordar a las víctimas que pasaron por los centros clandestinos que funcionaron allí durante los años del terrorismo de Estado. Tampoco existe intención de seguir con las obras en lo que era La Escuelita de Bahía Blanca.
El jueves, Baños fue anfitrión de la reunión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, una instancia de diálogo con funcionarios provinciales. Uno de los temas que surgió tuvo que ver con el futuro de los sitios de memoria que funcionan en lo que fueron los campos de concentración de la dictadura.
En los casi once meses de gestión, Baños todavía no designó a una persona al frente de la dirección nacional de sitios. Estos espacios vienen denunciando que sufren un vaciamiento por parte de la administración nacional –que incluye despidos y la falta de reemplazo para aquellos trabajadores que se jubilan.
Iris Pereyra de Avellaneda, que estuvo secuestrada en Campo de Mayo junto con su hijo Floreal “Negrito” Avellaneda, se reunió días atrás con Baños para preguntarle qué iba a pasar con el memorial. Le respondió que, como la obra no tenía un avance superior al 10 por ciento, no se continuaría — siguiendo con los lineamientos de Javier Milei. “Es un capricho y una muestra de odio hacia los sitios”, dice la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
Fuentes judiciales comentaron que la decisión de no completar el espacio de memoria en Campo de Mayo no fue informada en el expediente. Habrá que ver si la Secretaría de Derechos Humanos lo comunica oficialmente más allá de lo que se habló en el Consejo Federal de Derechos Humanos.
Baños también informó que se paralizarán las obras que habían comenzado el año pasado en el predio en el que funcionó La Escuelita de Bahía Blanca. Allí se estaban haciendo trabajos para preservar las bases del edificio que fue demolido y se estaba avanzando en la construcción de un techado para resguardar el sitio arqueológico.
En este caso, la parálisis ya se siente en el expediente judicial. El 15 de octubre, el juez federal de Bahía Blanca Walter López da Silva le ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que informe cuándo se van a reanudar las obras para poder continuar con los peritajes que se están haciendo sobre ese terreno.
Además, la empresa encargada de las obras, Ipexcom SA, presentó una serie de facturas impagas que –con intereses– rondan los 28 millones de pesos. El juzgado también notificó la deuda al Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo. La situación genera mucha preocupación entre los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca.
“Después de la reunión del Consejo Federal, nos quedó la sensación de que la Secretaría de Derechos Humanos se está corriendo de sus funciones y fundamentalmente de las responsabilidades que le otorga la Ley de Sitios (26.691)”, dice Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Moreno y la directora de sitios provincial, Lorena Battistiol Colayago, están impulsando una política de marcas de la memoria para señalizar los sitios vinculados a graves violaciones a los derechos humanos en Buenos Aires ante la falta de respuestas del gobierno nacional.
(Página12)
