Exactamente una semana después de la segunda Marcha Federal Universitaria, el Gobierno se enfrenta este miércoles a la primera batalla legislativa para sostener el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las casas de altos estudios, aunque advierte que la medida se va a judicializar si la oposición logra insistir con la iniciativa.
Sin los números garantizados, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, continuaba hasta último momento con las negociaciones para tratar de conseguir el apoyo de los espacios dialoguistas que le permitirían al oficialismo ratificar la decisión de Javier Milei en la sesión que comenzará a las 11:00.
Si bien gran parte de la actividad del día previo se desarrolló en el Congreso, en la Casa Rosada siguieron de cerca los acontecimientos, una vez más, y confiaban en alcanzar un triunfo sobre la base de varias ausencias y algunos respaldos de último minuto.
Con Oscar Zago de viaje en España por cuestiones personales, La Libertad Avanza perdió un aliado clave, ya que el jefe del bloque del MID suele acompañar la posición del Poder Ejecutivo, aunque los otros dos integrantes de la bancada, Eduardo Falcone y María Ibáñez, sí estarán.
Por su parte, la libertaria Lilia Lemoine, que estuvo recorriendo Ucrania en medio de la guerra con Rusia, volvería a tiempo a Buenos Aires para dar su voto.
Los números que se manejan en los despachos en Diputados muestran que hay entre 80 y 84 votos a favor del veto, 160 a 164 por la insistencia en la norma, 4 ausentes y entre 11 y 13 en duda. En este escenario, nadie puede asegurar si logrará imponer su postura hoy en el recinto y la incertidumbre reina en todos los bloques.
El bloque de 160 votos que buscará anular el veto de Milei está conformado por los 99 diputados de Unión por la Patria y 27 de los 33 parlamentarios que tiene la UCR, ya que los diputados Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero —cuatro de los que votaron a favor del veto por la movilidad jubilatoria— mantendrán la misma postura y acompañarán al Gobierno. Los dos restantes son Fernando Carbajal, quien se ausentará con licencia, y Pablo Cervi, que se abstendrá, lo que favorece el bloqueo del veto.
A ese número hay que sumarle el respaldo de Encuentro Federal, que aportará 14 de las 16 bancas que tiene —Ricardo López Murphy estará ausente y Francisco Morcchio está en duda—. En tanto, los bloques de la Coalición Cívica (6), el Frente de Izquierda (5) y Por Santa Cruz (2) acompañarán la insistencia en su totalidad, sumando 13 votos. Por el PRO, habrá dos a favor de la ley: Álvaro González y Héctor Baldassi. Innovación Federal confirma a 5 de sus 8 diputados —3 de Salta, 1 de Río Negro y 1 de Misiones—; el resto lo definirá esta mañana. Lourdes Arrieta también acompañaría la insistencia. Sumados todos, el total da 160 diputados.
Sin embargo, del otro lado del recinto proponen resistencia y votarán para sostener el veto de Milei. La Libertad Avanza tiene 39 votos propios, el PRO aportaría 33 y se sumarían a este grupo uno de CREO —Paula Omodeo—, dos del MID —(Zago está de viaje)— y cuatro radicales (Campero, Arjol, Tournier y Picat). De esta manera, hay un piso de 80 votos para apoyar el veto presidencial.
En este escenario, el grupo que apoya la insistencia necesita que el bloque que busca apuntalar el veto no supere los 84 votos, aunque ayer parecía cada vez más probable que lo lograran con el correr de las horas.
Existen entre 11 y 13 diputados en duda respecto de la decisión que tomarán. En ese universo, hay 8 que concentran la mayor atención. Estos son los tres del bloque Independencia (Tucumán, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo), los dos de San Juan, alineados con el gobernador Marcelo Orrego, y los tres misioneros del bloque Encuentro Federal, que tienen como jefe político al gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua.
En este universo, los que buscan la insistencia de la ley y se muestran con peor ánimo, observan que los 3 tucumanos y los dos sanjuaninos irían con La Libertad Avanza. El resto se iría a las abstenciones o ausencias sumando un total de 11 en esa decisión.
Si eso sucede hoy en el recinto, el veto del presidente Javier Milei estaría asegurado porque obtendría 84 votos bloqueando cualquier posibilidad de que los que buscan la insistencia alcancen los dos tercios.
En paralelo, el Gobierno continuó hablando con los gremios universitarios, pero sin llegar a un acuerdo entre las partes, y un día antes de la votación anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios.
El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.
Si la Cámara de Diputados insiste con el proyecto, el veto pasará a ser discutido en el Senado, donde el Gobierno tiene un escenario aún más complicado y los representantes del oficialismo todavía no comenzaron a conversar sobre el asunto con los otros bloques.
Hasta este martes, de hecho, la vicepresidenta Victoria Villarruel todavía se encontraba en España, donde participó de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas (ONU) sobre Víctimas del Terrorismo y llevó adelante una agenda propia.
Por su parte, poco antes de partir para Córdoba para disertar en un encuentro de empresarios, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en su oficina de la Casa Rosada a los senadores del flamante bloque Provincias Unidas, de vínculo fluido con gobernadores de distintas regiones del país.
De la reunión participaron el salteño Juan Carlos Romero; la chubutense Edith Terenzi; la cordobesa Alejandra Vigo; el correntino Carlos “Camau” Espínola; el entrerriano Edgardo Kueider y la neuquina Lucila Crexell, para analizar “un acuerdo para un enfoque colaborativo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.
Si bien, según aseguraron algunos de los dirigentes que estuvieron en el encuentro, no se habló sobre el veto al Financiamiento Universitario, fue un primer acercamiento entre el Gobierno y este espacio, de cara al posible debate del tema en la Cámara alta.
Si ambos recintos deciden insistir con el proyecto impulsado por un sector del radicalismo y el kirchnerismo, las autoridades nacionales ya advirtieron que van a buscar mecanismos para no implementar el aumento: “Vamos a avanzar con diferentes acciones que, seguramente, termine en una judicialización. Pero, dependiendo de cómo se interprete la norma de financiamiento de la administración pública, uno puede ejecutar o no una ley”, explicó un funcionario del círculo íntimo de Milei.
Según el artículo 38 la ley 24.156, de Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, todo texto sancionado por el Congreso “que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
En esta normativa se van a basar las autoridades nacionales para asegurar que la iniciativa del radicalismo no cumple con los requisitos necesarios y, por lo tanto, no cumplir con la misma, aunque reconocen que eso podría llevar a que se presenten diferentes denuncias.
