El Poder Ejecutivo anunció que vetará la Ley de Financiamiento Universitario, que propone una actualización salarial, de las becas y de los programas científicos. Además, elaboró un presupuesto 2025 que sólo asigna la mitad de lo requerido por las universidades para funcionar
El próximo miércoles 2 de octubre se realizará una nueva marcha federal que, al igual que la llevada a cabo el pasado 23 de abril, busca que el gobierno nacional tome conciencia de un reclamo transversal de toda la sociedad en favor del sostén de las universidades públicas. Tendrá su epicentro en la Plaza de los Dos Congresos, en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar que el presidente no vete la norma o –en su defecto- que la Cámara de Diputados la ratifique con mayoría especial si dicho veto se produce. En Bahía Blanca, la concentración será a las 17:30 en avenida Alem y 11 de Abril, para marchar hacia el playón de la UNS de avenida Alem 1253.
Según explicó la vicerrectora de esa Universidad, Andrea Castellano, los motivos de la marcha están relacionados con dos cuestiones: en primer lugar, la promulgación de la mencionada Ley; y luego la revisión de la Ley de Presupuesto 2025, que otorga a las universidades nacionales solo la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional considero necesario para su funcionamiento.
“El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario 2024 que propone para este año una actualización del presupuesto de acuerdo a la inflación. “El impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario es del 0.14% del PBI y podría ser atendido con el superávit fiscal del primer semestre”, agregó. Sin embargo, el presidente ya anticipó su veto.
Puesta en números, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes llega en algunos casos al 50%, el 70% de los docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza y las becas estudiantiles nacionales no se actualizan desde principio de año. A eso se suma el encarecimiento general del costo de alquileres y transportes, dos factores claves para cientos de miles de alumnos.
Para los rectores, “la desconsideración y el hostigamiento no cesan y la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario”, y advirtieron en su último comunicado “Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad”. En las universidades públicas argentinas estudian más de 2.5 millones de personas, y se produce la mayor parte de la investigación científica del país.
La perspectiva para 2025
Recientemente el Consejo Interuniversitario Nacional fijó en 7.19 billones de pesos los fondos que necesita todo el sistema para la continuidad educativa y científica en el próximo año. La Ley de Presupuesto 2025 elaborada por el Poder Ejecutivo propone solo 3,8 billones, monto sustancialmente menor.
“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Si eso no se modifica, les tocará a las universidades apenas un 54% de lo requerido para el funcionamiento deseado”, remarcó Castellano.
“Los universitarios queremos estar en las aulas, en los laboratorios y en los gabinetes, pero la situación es compleja. Hay un consenso de que la Universidad permite una movilidad social ascendente y una proyección de un futuro mejor para el país. En el derecho a estudiar de cientos de miles de chicos y chicas se está jugando nuestro derecho al futuro, y por eso nuevamente llamamos a toda la sociedad a que nos acompañe en la marcha del miércoles 2, concluyó la vicerrectora.
Fuente: www.enfoqueu.uns.edu.ar
