La Cámara Federal de Bahía Blanca apartó al juez federal Walter López da Silva de la investigación sobre el empresario Gustavo Elías tras concluir que existe una “duda razonable” sobre su imparcialidad. ¿Por qué? Porque cajoneó la pesquisa durante meses, la remitió a Buenos Aires cuando no debía y colocó a la vista de los acusados las medidas de prueba que la Fiscalía había pedido contra ellos, con allanamientos y escuchas telefónicas incluidas.
Con el voto único de Roberto Amabile -por tratarse originariamente de una cuestión de competencia- la Cámara Federal remarcó que el 10 de mayo de 2023, el fiscal Gabriel González Da Silva planteó que el expediente debía remitirse a Buenos Aires, pero pidió que antes se ordenaran de manera urgente allanamientos, intervenciones telefónicas y otras medidas de prueba que debían mantenerse bajo total reserva para que dieran resultados.
Eso, sin embargo, no ocurrió. Recién trece meses y nueve días después, el 19 de junio de este año, el juez López da Silva ordenó la reserva del dictamen de la Fiscalía para, sólo tres semanas después, declararse incompetente, ordenar su remisión a Buenos Aires e incorporar una copia de ese dictamen al sistema informático, “quedando a la vista de todas las partes”, remarcó la Cámara al apartarlo. “A punto tal que la defensa en oportunidad de recurrir ante esta Alzada, en ejercicio de sus derechos, argumentó sobre todas y cada una de las medidas de investigación propuestas por el Ministerio Público Fiscal”.
Para la Cámara, la consecuencia lógica de la actuación del juez es evidente: “Si existía alguna posibilidad de éxito en tales diligencias, luego de haber demorado más de un año en su providencia, al haberle dado publicidad, a pesar del secreto de sumario peticionado por el Señor Fiscal, la misma se torna prácticamente nula. Frustrando, en todo o en parte, cualquier posibilidad de corroborar los extremos señalados en el dictamen fiscal aludido”.
(La Nación)
