El gobierno de Río Negro ofreció ocho puntos a YPF-Petronas para la localización del proyecto de la planta de licuefacción en Punta Colorada, centrándose en la adhesión al RIGI pero, también, garantizando una ley especial para ratificar «estabilidad fiscal», exenciones tributarias por 30 años, liberación de aportes por la obra, la cesión de 100 hectáreas con frente marítimo, la concreción de la zona franca, un puerto de gestión privada y agilidad en la obtención de los distintos permisos provinciales y municipales.
-«Régimen Promocional Provincial». YPF pidió «estabilidad fiscal» y la Provincia indicó que ese beneficio se contempla en la adhesión al RIGI pero, además, informa que «no incrementará ni creará nuevo tributos», asumiendo el compromiso de una «ley especial» donde se declare el «interés provincial» y se ratifique la estabilidad fiscal al proyecto «en su integridad». Se recuerda que Río Negro cuenta con la ley 4.618 donde el Poder Ejecutivo puede eximir de Ingresos Brutos y Sellos por 10 años y se adelanta su «extensión temporal hasta los 30 años», adecuándose a los plazos al RIGI. Además, la norma especial -se indica- tendrá un esquema de «desgravación tributaria para aquellos sujetos» que ejecuten «las obras de infraestructura necesarias» para la planta de GNL.
-«Estabilidad fiscal municipal». La oferta provincial incorpora nota de la intendenta Roxana Fernández donde se garantiza la estabilidad fiscal por parte del municipio de Sierra Grande y «exenciones de tasas municipales y promociones».
-«Alcances» para ley N° 5594 (que reafirma que la Provincia controla y fiscaliza el transporte de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos por ductos). En la nota a YPF, el gobierno destaca el valor de la misma aunque propone un tratamiento distinto para este proyecto para «allanar dificultades y favorecer las condiciones». Así se propone que con la futura ley lo exceptuará del «aporte al desarrollo» y se liberará de la exigencia del «compre rionegrino», ambas condiciones establecidas en la norma N° 5594.
En cambio, ratifica la «tasa de control» ya que «se vincula con la efectividad de la tarea» de fiscalización por parte del Estado aunque asegura que la misma se «ajustará en forma directa al efectivo costo» de esa tarea.
-«Cesión de Tierras con Frente Marítimo». Se promete también que en la ley que se sancionará en favor de la concreción del complejo de GNL se «contemplará la cesión de forma permanente y a costo cero» a YPF de una «superficie de 100 hectáreas, con un frente de costa marítima de 1 kilometro». Ese predio está a 850 metros del predio destinado para la Zona Franca.
-«Habilitación de terminal portuaria privada». El gobernador se comprometió sus gestiones para la «habilitación de una terminal portuaria de carácter privado con destino industrial», en el marco de la legislación nacional.
-«Zona Franca». En respuesta al pedido de impulso a la creación de una zona franca, se consigna que la Provincia y Nación suscribieron convenios, incluyendo una norma rionegrina. Además, según la ley N° 5.559, se creó la «Corporación de Promoción y Desarrollo del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro» (Corporación Punta Colorada), que es un «ente autárquico». Informa que se «continuará impulsando los trámites necesarios» ante Nación para la conformación definitiva de la zona franca de Río Negro.
-«Mecanismos ágiles para habilitaciones provinciales y Municipales». Al pedido de agilidad por parte de YPF para «el otorgamiento de permisos y/o habilitaciones ambientales, hídricos» y de cualquier tipo que «sean necesarios», Weretilneck ratificó la «férrea voluntad» de su administración y del municipio de Sierra Grande de «facilitar y simplificar en todo lo que resulte procedente» para la «obtención» de las autorizaciones necesarias «para la ejecución del proyecto, construcción y puesta en marcha de las obras de infraestructura y portuarias a la mayor brevedad posible».
Promesas de trámites ágiles en los permisos
El octavo punto responde al pedido de «agilidad» en la obtención de permisos y la Provincia indica su disposición a cumplir con «adecuaciones normativas» para conseguir ese propósito.
Alude a la «experiencia» lograda con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur y plantea saber «dónde radicaban las demoras» en los procedimientos, por lo cual, se implementan «cambios correctivos que aumentarán la eficiencia y eficacia del todos los procesos».
La misiva también indica que «se conformó un equipo de evaluación ambiental de proyectos especiales», que se ocupa exclusivamente de «los proyectos estratégicos».
Los procedimientos -se promete- «de obtención de la resolución ambiental» se reducirán entre «un tercio y la mitad» del plazo que requirió «el mismo trámite» en el expediente de Vaca Muerte Sur. Se agrega un cronograma y se calcula que la «primera resolución ambiental» saldrá entre los 130 a 145 días.
(Río Negro)
