La provincia de Buenos Aires confirmó que no se adherirá al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una normativa promovida por la gestión de Javier Milei y aprobada en el Congreso en el marco de la Ley de Bases. La medida es cuestionada porque se considera que beneficia a empresas de mayor tamaño y capital, en detrimento de las nacionales, especialmente las pymes.
En tanto, la Legislatura de Río Negro sancionó este viernes el proyecto del gobernador Alberto Weretilneck para la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Desde la provincia esperaban la aprobación para impulsar el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF y Petronas hacia Punta Colorada, lugar en el que la petrolera bajo control estatal emplazará un nuevo puerto de exportación de hidrocarburos a través del proyecto Vaca Muerta Sur.
Por otra parte, la negativa del gobierno de Axel Kicillof fue confirmada por el ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Correa, en el programa “Con la nuestra” de Radio 10.
El RIGI será aplicable a las “Grandes Inversiones” en proyectos de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, que cumplan con los requisitos previstos. En la redacción original figuraba “cualquier sector”.
También se incluyó una modificación para incluir a las pymes, que refiere al plan de desarrollo de los proveedores locales, establecido en el artículo 174, inciso L. En ese apartado se especifica que cada gran inversión superior a los u$s200 millones tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de la inversión en proveedores de organizaciones nacionales, “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por parte del Senado ya había generado entusiasmo en los mercados, así como en los sectores y empresas alcanzadas por el nuevo plan de fomento para el desarrollo de proyectos y obras, en particular en las energéticas y mineras, que tienen en carpeta anuncios por al menos u$s80.000 millones para la próxima década.
