El diputado Fernando Compagnoni, pidió que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires disponga un “mecanismo de prevención y seguimiento” para frenar las usurpaciones que ocurren en el municipio cabecera de la Sexta sección electoral.
El proyecto de Compagnoni, exige que la Legislatura bonaerense declare “su preocupación por el incremento de las usurpaciones sobre tierras de titularidad del Estado municipal, provincial y nacional en la Ciudad de Bahía Blanca“, con principal atención en los barrios Villa Rosas, Villa Talleres, Mas Barrios y Noroeste.
Según el diputado bonaerense del PRO, en Bahía Blanca se incrementaron en los últimos meses los casos de usurpaciones debido a que cuenta con una “gran extensión de suelo ocioso en manos del Estado”, por lo que reclamó que el gobierno de Kicillof brinde un accionar preventivo para “preservar el patrimonio estatal”.
“La falta de la evidente implementación de un mecanismo de prevención y de seguimiento ante el delito penal y de usurpación y/u ocupación irregular provoca la imposibilidad de lograr un desarrollo urbano de calidad, lotes con servicios, planes de vivienda destinados a todos los sectores”, expuso Compagnoni.
Vale mencionar que, en el último año numerosas localidades de Bahía Blanca fueron testigos de una serie de ocupaciones ilegales. En agosto pasado, la Justicia tuvo que intervenir en Villalonga ante la llegada de personas que estaban tomando medidas y clavando estacas; en mayo la Policía bahiense detuvo a dos mujeres que intentaron usupar una casa frente a la cancha de Villa Mitre; y en junio se registraron varias denuncias sobre “grupos organizados” que loteaban plazas.
En ese sentido, Compagnoni destacó que si el Gobierno bonaerense no realiza acciones para frenar las usurpaciones en Bahía Blanca está favoreciendo a la delincuencia, al tiempo que resaltó que las organizaciones que efectúan estas ilegalidades “desarrollan un gran negocio inmobiliario“.
“La misma omisión favorece a la delincuencia y hechos de seguridad en los sectores tomados en tanto las ocupaciones son mayormente incentivadas por organizaciones delictivas y/o loteadores informales que desarrollan su gran negocio inmobiliario incurriendo en el delito de asociación ilícita y/o estafa por el cual se ven damnificadas gran cantidades de familias y vecinos del sector”, sentenció el legislador del PRO.
