El chofer de la línea K de colectivos que fue baleado el jueves pasado mientras prestaba sus servicios en Rosario murió este domingo, tras haber agonizado durante tres días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) luego de que un sicario lo baleara en la cabeza.
Marcos Daloia, el colectivero de 39 años de la línea K que fue baleado en la cabeza el pasado jueves en pleno recorrido en la zona noroeste de Rosario, falleció este domingo a las 13.30 HECA. Es la cuarta víctima fatal de los atentados digitados, según se presume, por presos que abiertamente piden al gobierno provincial que les mejore las condiciones de detención.
Daloia fue atacado, de acuerdo a la investigación del fiscal Patricio Saldutti, por un gatillero que se subió a la unidad en la esquina de Mendoza y México, le disparó prácticamente sin mediar palabra, y luego se bajó para huir en una moto que lo esperaba a los pocos metros.
Por la balacera del colectivero de la línea K, la UTA Rosario está de paro desde el jueves pasado y se espera que la medida de fuerza se extienda por al menos un día más después de la muerte del chofer.
También están de paro las estaciones de servicio desde la tarde de este domingo por el homicidio del playero Bruno Nicolás Bussanich, de 25 años, quien fue ejecutado de tres disparos en la noche de este sábado mientras trabajaba en una Puma ubicada en Mendoza y Rojas, en la zona noroeste de la ciudad, a pocas cuadras de donde fue el crimen del colectivero.
Los agresores del playero se desplazaban en un Fiat Duna y dejaron en la escena del homicidio una nota dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, a quienes le advirtieron: “Carguen con muertes inocentes. Atte: zona norte, zona sur, zona oeste. Unidos”.
Después del asesinato, la Policía incautó en Furlong, entre White y colectora de Circunvalación, un Fiat Duna con pedido de captura que había sido prendido fuego de manera intencional. El auto, que según testimonios coincidiría con el que utilizaron los sicarios, había sido robado el 2 de diciembre del año pasado. Ahora, por pedido del fiscal Adrián Spelta, que investiga el crimen del playero, quedó secuestrado en la puerta de la subcomisaría 22 para la realización de pericias.
Sospechas
El mensaje arrojado en la hoja sugiere algo que sobrevuela en todas las investigaciones por los atentados que comenzaron el sábado de la semana pasada, cuando desde un auto dispararon nueve tiros contra un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios de la cárcel de Piñero: líderes de bandas, algunas de ellas, rivales históricas, que están presos se unieron en contra de las medidas tomadas por el Estado provincial, que endureció las condiciones de detención.
Después de la balacera al micro de agentes penitenciarios –donde uno sufrió un roce de bala en la nuca y otros tres recibieron asistencia médica por cortes producidos por el estallido de vidrios–, hubo dos asesinatos de taxistas.
El primer caso fue el del taxista Héctor Raúl Figueroa, que fue acribillado el martes pasado de nueve disparos al dejar a un pasajero en Flammarion al 5100, en barrio Las Delicias, en la zona sur. De acuerdo a la escena del crimen, quien jaló el gatillo fue un tercero que, a pie, se puso al lado de la ventanilla del conductor y abrió fuego.
El pasajero, que según afirmaron varios testigos, se fue corriendo con el tirador, dejó una zapatilla en la escena del homicidio. Se presume que se le cayó al huir. Un dato llamativo para la causa del fiscal Patricio Saldutti es que las nueve vainas servidas halladas en el lugar tenían la inscripción “PSF”, que son las que provee el Estado provincial a la Policía.
Al día siguiente mataron a otro taxista. Fue el caso de Diego Alejandro Celentano (38), que fue asesinado de cinco disparos por los dos pasajeros que llevaba en Alvear y Garmendia, en la zona sur. Los tiros fueron a corta distancia y, de manera coincidente con el homicidio de Figueroa, las balas usadas eran de la Policía y al lado del taxi se encontró tirada una zapatilla.
En el medio de la seguidilla de ataques, el gobierno provincial anunció el ofrecimiento de una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos sobre el homicidio del playero.
(Infobae)
