El gobierno de Javier Milei no ahorra en cruedades. Las personas con discapacidad deuncian el avasallamiento de sus derechos, agravado tras el despido de 165 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un organismo fundamental que, como contó Página/12, en muchas regiones está siendo desmantelado al dejar sin ningún empleado los centros de atención. Los trabajadores de Andis despedidos, víctimas de la motosierra presidencial, orientaban y acompañaban a las familias en la realización de trámites engorrosos como los que hay que atravesar para obtener una pensión no contributiva, el certificado médico oficial (CMO) o los certificados únicos de discapacidad (CUD), que les permiten acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. No es solo asesoramiento y seguimiento de los casos: Andis articula con otras instituciones (hospitales, centros de día) para conseguir tratamientos, sillas de ruedas, audífonos para las personas en situación de vulnerabilidad. Las familias están angustiadas y denuncian que no se están entregando medicamentos indispensables.
A Roxana Pereyra, de Goya, le cayó como un balde de agua fría el despido de los seis empleados de la Andis, la totalidad de los trabajadores de la agencia de esa ciudad ubicada a orillas del río Paraná. Ella, que se gana unos pesos cocinando comida en su casa, tiene un hijo de 12 años con epilepsia. “Me ayudaron mucho cuando tuve que hacer los papeles para la pensión, me han atendido siempre con buenos modales, me explicaron y me orientaron. Hay muchas personas que no saben leer ni escribir, como es mi caso, y ellos con paciencia me decían lo que tenía que hacer”, revela Roxana y confiesa que está “muy angustiada” por la pensión de su hijo, porque no sabe cuándo la va a cobrar. “Me quedé sin nada, no entiendo por qué los despidieron y nos dejaron solos”, se lamenta esta mujerde 33 años. “Yo no sé leer ni escribir, pero me sé defender”, aclara y cuenta que su hijo toma dos remedios que son fundamentales, uno que le cuesta 50 mil pesos y el otro 25 mil. Si los deja de tomar, convulsiona”, confirma con la preocupación astillando la dulzura de su acento correntino.
“Milei piensa que las personas con discapacidad tenemos que ser exterminadas, que no servimos”, subraya Guadalupe Bargiela, una joven de 22 años, ciega de nacimiento, que vive en Moreno y trabajó en la Andis de la ciudad de Buenos Aires hasta el miércoles 28 de febrero, cuando le confirmaron que estaba entre los 165 despedidos. Guadalupe, que estudia derecho en la Universidad Nacional de La Matanza (tiene aprobadas 12 materias de un total de 40), recuerda el repudio que generó un acto de discriminación del presidente al dar “me gusta” a una imagen del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el rostro editado con características de una persona con síndrome de Down.
“La discapacidad no es un insulto. Lo que Milei demuestra con sus afirmaciones, tanto en redes como en televisión, es que quiere prescindir de las personas con discapacidad”, advierte Guadalupe y agrega que el vaciamiento de la Andis y el cierre del Inadi están relacionados. “Este presidente discaodio, lesbodio y transodio quiere vaciar las trincheras que tenemos los colectivos más vulnerados para poder discriminarnos más”, precisa la futura abogada y lanza una pregunta crucial para entender el drama de las personas con discapacidad: ¿Cuál es la diferencia entre una persona con discapacidad y sin discapacidad? “A la persona sin discapacidad la rajan y puede conseguir laburo. A las personas con discapacidad nos echan de un trabajo y estamos super complicados para poder conseguir un sustento”, responde.
Fragilidad
Los más frágiles de la sociedad sienten que sus derechos son avasallados de manera brutal con los despidos y el vaciamiento de la Andis, que se ha quedado sin trabajadoras sociales, abogadas, profesores de educación física o de danza y otras disciplinas, que se encargaban de la rehabilitación de los beneficiarios. El organismo tiene a su cargo el programa federal Incluir Salud, la cobertura médica que reciben quienes cobran pensiones no contributivas, la Asignación por Trasplantes, la Asignación Familiar por Maternidad por Hijo son Síndrome de Down, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, la Jubilación para Trabajadores Minusválidos y Retiro por Invalidez, entre otras. Antes de ser la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) era la Comisión Nacional de Pensiones, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social. Durante la presidencia de Mauricio Macri pasaron a ser la Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora depende de la Jefatura de Gabinete.
Desde Trenque Lauquen, Silvia Goti enfatiza la palabra desamparo. Ese sentimiento resume lo que sintió cuando se enteró que Fernanda Yarza, la única trabajadora de la Andis de esta ciudad ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires, había sido despedida. A Silvia le diagnosticaron una lumbalgia, pero ahora está esperando que le confirmen cuándo puede hacerse una biopsia de médula y un estudio de columna para descartar una esclerosis múltiple. “El Presidente tiene una animosidad con las personas con discapacidad, para él si se mueren y no existen, mejor. Por eso no le interesa la Agencia Nacional de Discapacidad, como tampoco le interesa si los pobres comen o no comen y no envía alimentos a los comedores”, compara Martín Asis, uno de los empleados con discapacidad de la Andis, con 24 años de antigüedad, que fue despedido en San Salvador de Jujuy.
A Martín le quedó una discapacidad motriz del 40 por ciento tras un accidente en moto. Cuando habla de su trabajo perdido, explica que él estaba en el “centro de cargas”, que es donde se hacen todos los procedimientos para que los expedientes avancen. “Un trámite de pensión se inicia en la Anses, es la gestación del óvulo, y el centro de cargas es cuando nace el bebé y se carga el Renaper, el documento de la persona, los ingresos del grupo familiar, si es que lo tiene, el certificado médico oficial (CMO) y el informe médico. A partir de ahí pasa a evaluación”, condensa con un lenguaje lo más sencillo posible.
A la deriva
En las calles Angel Soto y Tucumán, en Goya, la Agencia Nacional de Discapacidad es “la segunda Anses”, como la llaman porque la confunden con la sigla Andis. Griselda Fleitas destaca que es muy importante que la Andis de Goya esté abierta con todo su personal, o sea los seis trabajadores eyectados por el ajuste de Milei, que fueron los que la ayudaron a conseguir la pensión no contributiva. “Mi hijo tuvo un accidente grave en 2015 y quedó en estado vegetativo”, cuenta Griselda y reclama que están reduciendo la entrega de medicamentos, además que ella también tiene que lidiar con diversos problemas de salud: colesterol, presión alta y tiroides.
“La gente más vulnerable no tiene respuestas y tienen que ir de un lado a otro. Los más desamparados hoy son los discapacitados, que ya estaban desamparados cuando la obra social que ellos tienen, Incluir Salud, ha dejado de darles los medicamentos oncológicos y psiquiátricos”, plantea María Lorena Rojas, licenciada en Trabajo Social, despedida de la Andis de Goya junto a todos los trabajadores de ese centro de atención. “La agencia estuvo el viernes cerrada, sin personal, no hay quien vaya a dar respuestas a las personas que van a preguntar por sus trámites y piden asesoramiento”, subraya esta trabajadora social con 13 años de antigüedad en la Andis, que atendía entre 60 y 70 personas por día. “No somos ñoquis, nunca dejamos de atender a la gente, nuestros teléfonos los tiene todo el mundo. Es doloroso que digan cosas que no son ciertas. Hay un sistema de Gestión Electrónica Documental, GED, el sistema que usa el Estado para los documentos, donde está registrado nuestro trabajo”, explica.
Identidad política y orgullo
El celular de Guadalupe Bargiela estalla con llamados y mensajes de audio. Ella, una dinamita de energía y amabilidad, pide disculpas a cada rato. Quiere y necesita hablar. “Están violentando algo fundamental que es el derecho a elegir de las personas con discapacidad. Si no tengo laburo, no puedo elegir qué quiero hacer. Las personas con discapacidad somos un colectivo poco consultado, cuando deberíamos ser personas de consulta permanente en la política pública. Las políticas públicas se hacen sin nosotros y ahí tenemos una rampa mal hecha o un texto en braille mal escrito por no tener en cuenta la mirada de las personas con discapacidad”, argumenta esta estudiante de derecho como si estuviera ante un tribunal.
“Las personas con discapacidad tenemos que empezar a tener voz; que dejen de hablar por nosotros y empecemos a hablar para entender que la discapacidad tiene que ser una identidad política, una identidad de lucha como lo es el colectivo lgbtiq+; que la discapacidad sea un orgullo y no digan ‘pobrecita… es ciega’. Para una sociedad que nos educa para la discapacidad puertas adentro, para el encierro, el orgullo es una respuesta política y es una obligación moral para las personas que podemos hacerlo, porque la mayoría está encerrada en sus casas y no pueden hablar porque no tienen acompañamiento, contención o no se pueden movilizar; por eso el colectivo de personas con discapacidad tiene menos acceso a derechos y oportunidades que las personas que no tienen discapacidad”, reflexiona.
Guadalupe cree que su despido puede estar vinculado a su militancia política en Orgullo Disca, una organización de personas con discapacidad y personas lgtbqi+ con discapacidad. “El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Diego Spagnuolo) no sabe de discapacidad. Es un abogado penalista, amigo del Presidente, como si las personas con discapacidad estuviéramos procesadas o presas”, concluye con amarga ironía.
Fuente: Página12
