El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca tendrá que juzgar los abusos sexuales que padecieron tres mujeres que estuvieron secuestradas en la llamada Zona IV, que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires. La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, le dio la razón a la fiscalía que había pedido ampliar la acusación contra 17 represores que están actualmente en juicio.
El TOF pretendía que los abusos denunciados por tres víctimas en el transcurso del juicio que se inició en 2022 se investigara en instrucción, lo que dilataría el proceso y obligaría a las víctimas a volver a declarar sobre sus padecimientos. Sin embargo, la Sala II de la Casación –por mayoría– le dio la razón a la fiscalía.
Ledesma destacó que existe el “deber de facilitar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y garantizar la asistencia a las mujeres víctimas de violencia, además de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres”, según lo establece la Convención de Belem do Pará.
Slokar citó, en la misma línea, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes de la relatoría especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Estos instrumentos llaman a reducir la impunidad de los autores de estos abusos y aumentar el índice de los casos enjuiciados, evitando la revictimización.
“Resulta difícil encontrar exposiciones más dramáticas de la desprotección y la vulnerabilidad que aquellas que genera la violencia ejercida brutalmente en sus cuerpos, en tanto representan su condición sexual, su identidad de género y su posibilidad de descendencia”, escribió Slokar, que resaltó el “deber irrenunciable del Estado de evitar situaciones jurídicas que se traduzcan en supuestos de impunidad”.
El juicio –que se inició con 38 represores en el banquillo en 2022– está en sus últimas etapas. Durante las semanas pasadas, los imputados pidieron ampliar sus indagatorias. Se destacó la extensa ampliación que hizo Alberto Daniel Rey Pardellas, quien durante casi diez horas hizo una defensa de su accionar en el Batallón de Comunicaciones 181 y del plan de la dictadura.
Rey Pardellas llegó a justificar el robo de niños y niñas durante el terrorismo de Estado al decir que la apropiación de los hijos de los detenidos-desaparecidos perseguía un fin “humanitario” al evitar que estos se criaran “odiando” como sus padres. Además, dijo que hay nietos recuperados que “tienen la sangre maldita”.
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