La parálisis que aplica el Gobierno de Javier Milei sobre la obra pública desató una ola de preocupaciones sobre las provincias, pero también las entidades privadas de la construcción que ya declararon el estado de “emergencia”, en advertencia por el futuro de más de 1.400 empresas y hasta un millón de empleos.
Así, por ejemplo, lo marcaron desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), desde donde advirtieron que “en todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente”.
“El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones. Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”, señalaron.
Pero no fue la única entidad. En diálogo con INFOCIELO, el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), Gerardo Fernández, manifestó que el de la industria de la construcción “es un caso específico” y “distinto absolutamente a todos” porque la parálisis “desde hace entre 4 a 6 meses es de absolutamente total, el 100 por 100 porque no se cobró más”.
“Lo más grave tal vez, que es lo que más angustia, es que la AFIP está teniendo una situación de presión muy inadecuada en este momento. Tenemos muchas empresas que están al borde de la penal tributaria comprometiéndose personalmente por no poder cumplir obligaciones fiscales, no porque no quieran, sino simple y sencillamente porque su comitente que es el propio Estado no ha cumplido, entonces la situación es realmente gravísima”, aseveró.
La polémica salida del gabinete del titular de Infraestructura, Guillermo Ferraro, complicó la situación, dado que no se designó interlocutores con el sector en medio de una situación que graficaron como “angustiante”.
El drama detrás de la pérdida de empleos en la construcción
La crisis es más grave cuando el foco se pone en contexto con los puestos de trabajo, que ya tiene cien mil pérdidas aunque se prevé que puedan llegar a ser muchos más.
“Los puestos de trabajo que ya se han perdido ya superan los 100.000 y quedan en riesgo otros 200.000. O sea que habría un total de 300.000 puestos de trabajo directos. Si a eso le sumamos que se considera que la construcción generalmente se mide tanto en trabajos directos como indirectos, que serían los del comercio y servicios que le prestan servicios a la construcción, probablemente ese número se multiplique por dos o por tres”, evaluó el empresario.
Obra pública: Casi 4500 obras finalizadas y llegada a 100% de municipios del país
En ese plano, sentenció que con todo “estamos hablando prácticamente de un millón de puestos de trabajo; y cuando hablamos de un millón de puestos de trabajo o 300.000 o el número que se le quiera poner, hay que pensar que atrás de un trabajador hay una familia”.
Así, se conforma una catarata de hechos desafortunados que solo ayuda al crecimiento del drama. Esto comenzó a verse en las empresas donde hasta hubo despidos de familiares.
“Tenemos algunos pymes que nos llaman y nos dicen, ‘mirá, tuve que echar a mi hijo porque trabajaba conmigo y no le puedo pagar’. Otros que te dicen la gente pide que no los eche, que le pague la mitad o que le pague menos, pero si pierde el trabajo no tiene para comer”, graficó Fernández.
Por eso, desde la CPC plantearon la necesidad que sostener la obra pública y avanzar en los pagos en tanto que además “se entienda la problemática y se comprenda que somos un sector de un enorme dinamismo económico y sobre todo una muy fuerte contención social” por los puestos de trabajo que genera.
Fuente: InfoCielo
