Después de casi diez años desde que fuera indagado, el juez federal Walter López da Silva sobreseyó a Vicente Massot en la causa en la que se lo investigaba por delitos de lesa humanidad.
En 2014, Massot había sido indagado por los secuestros y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dos obreros gráficos, y por haber aportado a ocultar la verdad en los casos de 35 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca desde las páginas del diario La Nueva Provincia.
La decisión de llamar a indagatoria a Massot, la tomó Álvaro Coleffi, un secretario federal que ejercía como juez. Tan pronto como Coleffi fue corrido de la causa, su lugar lo tomó Claudio Pontet –un abogado de la matrícula que supo ser además responsable máxima de la Asesoría Letrada del gobierno municipal– que le dictó una falta de mérito exprés a Massot. La decisión de Pontet se conoció en marzo de 2015, cuando ya soplaban vientos de cambio en la justicia federal. En ese mismo mes, la Cámara de Casación revocó los procesamientos de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el empresario emblema de los vínculos promiscuos con la dictadura.
Tanto la Cámara Federal de Bahía Blanca como la Cámara Federal de Casación Penal validaron lo hecho por Pontet. El fiscal Javier de Luca llevó el tema hasta la Corte Suprema, que tardó unos cuatro años en escribir unas líneas y decir que no podía pronunciarse porque no se trataba de una sentencia definitiva.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca –integrada por Miguel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento– siguió aportando información sobre Massot, incluso sobre sus vínculos con el agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena Enrique Arancibia Clavel, pero para el juez López da Silva nada de eso sirvió para mostrar el compromiso de Massot con los crímenes de lesa humanidad.
López da Silva descartó que Massot haya integrado una asociación ilícita conjuntamente con los militares y sostuvo que no había nada que acreditara su responsabilidad penal con los asesinatos de Heinrich y Loyola.
“No existe evidencia precisa y seria que permita sostener que el empresario, un civil extraño a la fuerza armadas estatales y con tan sólo 23 años al momento de los hechos, tuviera la posibilidad de influir o determinar de alguna manera a quienes cometieron de propia mano los actos de torturas o desapariciones y menos aún que su designio haya sido participar de ilícitos que por su gravedad afectan a la humanidad en su conjunto”, escribió López da Silva.
Fuente: Página 12
