Durante los alegatos contra el fiscal general federal de Bahía Blanca -en licencia- Alejandro Salvador Cantaro, quien llegó a juicio acusado de haber brindado protección a una banda de narcotraficantes que presuntamente integraba su sobrino, la fiscalía solicitó 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. También pidió que se investigue a más funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
El debate contra Cantaro comenzó el 23 de noviembre de 2022 y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Adrián Silva y Simón Pedro Bracco. Y llegó a juicio imputado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de la organización integrada por su sobrino Sabastián Gauna San Millán, entre marzo de 2017 y abril de 2018.
La fiscalía sostuvo que el funcionario ayudó a la organización a eludir la investigación y lo señala por no haber denunciado los ilícitos al tomar conocimiento de los mismos.
La causa contra el fiscal es un desprendimiento de una expediente por drogas, conocida como Drogas Sintéticas II, por la que la fueron condenados a penas de más de 4 años de prisión a Facundo Texido (también señalado como uno de los “protegidos” del fiscal), Maximiliano Ezequiel Borja, Emiliano Gastón Lucanera, Gastón Eduardo Sáenz, Federico Raúl Hernando y los hermanos Pablo Horacio y Gustavo Rafael Nogales.
En tanto, el juicio contra San Millán quedó pendiente debido a que permaneció prófugo por más de dos años hasta que fue capturado, en Córdoba, en noviembre de 2020.
