En contraposición de las aspiraciones de los candidatos presidenciales del Pro, la Legislatura bonaerense comenzará a analizar un proyecto de la legisladora kirchnerista de nuestra ciudad para aumentar las indemnizaciones de los juicios laborales.
Se trata de una propuesta que busca fijar por ley una tasa de interés aplicable a los juicios laborales de la provincia de Buenos Aires, que impactaría en el valor de las indemnizaciones de las y los trabajadores.
En la actualidad, la tasa de interés aplicable en las indemnizaciones de los juicios laborales de la provincia es menor a la aplicable en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, después de 5 o 6 años, cuando finaliza el juicio laboral, el empleado termina cobrando mucho menos de lo que le correspondería.
Según adelantaron las diputadas autoras del texto, Maite Alvado y Soledad Alonso, la intención es modificar el artículo 48 de la Ley 11.653 para establecer el modo en que deben liquidarse las indemnizaciones. Que será a partir de una tasa de interés aplicable, la cuál será activa.
“Esto evitaría que el crédito se deprecie, fomentará los acuerdos justos entre partes, lo que a su vez reducirá la dilatación de las causas laborales y por ende producirá descompresión de los tribunales de trabajo”, explicaron las legisladoras kirchneristas.
El proyecto de ley para aumentar las indemnizaciones será presentado de manera oficial el próximo miércoles en el auditorio del Satsaid de La Plata y contará con la presencia del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y el secretario general del sindicato Dario Micheletti.
Es preciso mencionar, que desde el Pro vienen moviendo varias iniciativas de los candidatos presidenciales, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, para crear un nuevo sistema de multas judiciales que serán calculadas sobre la base de un 50% del salario mínimo y cuyo destino final será el sistema solidario de seguridad social en lugar de beneficiar más a los abogados y favorecer a “la industria del juicio”.
La intención de la oposición es ponerle un “corte definitivo” a multas abultadas que terminan poniendo en riesgo a las pymes. Desde el Pro creen que bajando los montos de las indemnizaciones se desalentará la permanente demanda por parte de los abogados, que no tendrán un incentivo, como ahora, de litigar de manera permanente porque lo obtenido por el cobro de las sanciones no lo cobrarán ellos sino que irá a engrosar los fondos de la seguridad social.