Hasta este 23 de marzo, en vísperas del aniversario del inicio de la última dictadura, la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca recibirá inscripciones a la nueva materia que sumará a su carrera de Abogacía el acervo recogido en cuatro décadas de búsqueda de Justicia que vuelven al caso argentino referencia global.
“Crímenes contra la Humanidad en la República Argentina” se dictará por primera vez este cuatrimestre, incluyéndose como optativa de la carrera de grado en Derecho pero abierta a todo público. La modalidad semipresencial pautada ha llevado a que se considere, de lograr disponerse de un sistema de visualización asincrónica de clases, la inclusión de cursantes a distancia. Mientras tanto, se reciben inscripciones y consultas.
El equipo docente a cargo de su dictado, la particular temática que abordará y el territorio históricamente adverso en que ha surgido convierten a la nueva asignatura en una singular cristalización del recorrido de sobrevivientes, familiares, organismos y actores judiciales rebeldes a la impunidad consagrada por años. Otra connotación especial la añade el momento en que se implementa, cuando avanzan e incluso llegan a condenas causas judiciales por delitos de lesa humanidad en que la UNS tuvo tanto víctimas como victimarios.
La teoría y la práctica
Aunque los planes de estudio de Abogacía en el país suelen incluir materias de Derechos Humanos, y la propia UNS tiene una, en general se trata de asignaturas que estudian la jurisprudencia del sistema internacional o abordan fenómenos específicos desde un enfoque sociológico, como el genocidio.
A diferencia de esas propuestas, la materia que se implementará en Bahía Blanca busca vincular a los conceptos técnicos de la formación académica con los saberes construidos o nutridos por la experiencia práctica. El programa de la asignatura lo refleja en la selección de autores y contenidos: desde nociones supranacionales y desarrollos teóricos de base, como el de “aparato organizado de poder” o “autoría mediata”, al estudio de los procesos judiciales que convirtieron a nuestro país en vanguardia en el mundo.
Como frutos específicos del recorrido realizado, el programa incluye el valor de los testimonios, la faz reparatoria, la perspectiva de género y la herencia que permite a los crímenes de ayer sobrevivir en la violencia institucional de hoy.
Esa última derivación es conocida en la jurisdicción, como natural consecuencia de la aplicación de la defensa de derechos humanos a lo que sucede en la actualidad. El fallecido Hugo Cañón, fiscal federal de Cámara durante décadas y gran luchador contra la impunidad dictatorial, continuó tras jubilarse su tarea en la Comisión Provincial por la Memoria poniendo especial atención en la situación carcelaria bonaerense. Abel Córdoba, que lo sucedió en las investigaciones bahienses por delitos del terrorismo de Estado, fue luego el primer responsable de la Procuraduría de Violencia Institucional creada durante la gestión de Alejandra Gils Carbó en el Ministerio Público Fiscal. El siguiente titular de la Procuraduría fue Miguel Palazzani, que antes había reemplazado a Córdoba en la unidad fiscal de Bahía Blanca.
(El Cohete)