La nueva etapa del programa tendrá una pauta de aumentos de 3,2% mensual para 15 rubros. Consumo masivo, indumentaria, electrodomésticos, combustibles y motos entre otros. Pierden relevancia la polémica colaboración de sindicatos y organizaciones sociales
Con la presencia de empresarios, el Gobierno presentará mañana al mediodía en el CCK la nueva etapa del programa Precios Justos. A partir de febrero, los productos que entren dentro del acuerdo de precios tendrán una pauta de aumentos mensuales de 3,2% -por debajo de la anterior que era del 4%- y sumarán más rubros. Serán 49.832 productos de casi 500 empresas, según pudo saber Infobae.
Desde el 1° de febrero hasta el 30 de junio -por cinco meses- los precios de los productos que forman parte del acuerdo no podrán subir por encima de 3,2% mensual: esto incluye determinados artículos de consumo masivo, venta directa, hogar y construcción, canasta escolar, electrodomésticos, celulares, indumentaria, calzado, combustibles, medicamentos y bicicletas entre otros.
Y además seguirá funcionando una lista de cerca de 2.000 artículos de consumo masivo -alimentos, bebidas, higiene y limpieza- con precios fijos. Como cinco meses es un período muy largo para mantener esos precios, esa lista se irá renovando con productos que entran y salen de acuerdo a los pedidos de las empresas. Cuando un producto se retira de la lista puede tener un aumento mayor al 3,2% -podrá llegar a 9% en algunos casos- para compensar su retraso frente a la inflación.
Con todo, en el Gobierno reconocen que hoy la fortaleza del acuerdo está en el sendero de aumentos del 3,2% y que la canasta de precios fijos, que es muy pequeña frente a la cantidad de productos que existen en el mercado, es menos relevante.
La novedad que tiene más entusiasmados a los funcionarios de la Secretaría de Comercio es el desarrollo de una poderosa herramienta digital que les permitirá controlar el cumplimiento de las pautas de aumento mensuales día a día y con un nivel de detalle que permite conocer aumentos promedio (macrodato) hasta el movimiento de precios de un producto determinado en todo el país o en un solo local de supermercado específico (microdato).
Esta herramienta -que se desarrolló en conjunto con Arsat y Amazon- permitirá que ya no sean tan relevantes las inspecciones presenciales de los comercios y que solo se realicen para constatar los incumplimientos que se detecten al aplicar los mecanismos de control digital.
La fiscalización digital va a funcionar de dos maneras. Por un lado, tomará los datos del sistema de precios (SEPA) que las cadenas de supermercados comparten a diario con la Secretaría de Comercio. Y les permitirá conocer cada día qué precios subieron por encima de la pauta de 3,2%. Esto es para los productos de consumo masivo que forman parte del acuerdo y tendrá una capacidad para relevar más de 3,6 millones de productos. Se tomarán datos de 943 sucursales de 13 cadenas de todo el país.
Esos datos no serán de acceso público y serán analizados diariamente por un grupo de 15 personas dentro de la Secretaría de Comercio. Permitirán diferenciar de casos aislados o de patrones de aumentos. Servirán para realizar inspecciones, elaborar actas y finalmente, si corresponde, elevar multas.
Por otro lado, habrá otra herramienta que realizará un barrido online por todos los precios que tienen publicados en las plataformas de comercio electrónico las empresas que forman parte del acuerdo. Por ejemplo, precios de ropa, productos de construcción o calzado. Cuando estos precios superen la pauta mensual, habrá una alerta. Esto tampoco será visible para los compradores, solo son datos para consumo interno de la Secretaría.
Las inspecciones presenciales serán menos relevantes entonces, según entienden funcionarios de Comercio. Esto también permitirá disipar un poco la polémica sobre la participación -o colaboración- de sectores como organizaciones sociales o sindicatos -especialmente Camioneros- en los controles.
“El Estado no delega el control de precios en nadie. Hay acuerdos de colaboración. Pero no hay gremios controlando precios”, dicen desde la Secretaría de Comercio.
¿Cuánto puede servir un acuerdo de precios para controlar la inflación mientras ya son varias las consultoras que anticipan que el dato de enero puede estar más cerca del 6%? En el Gobierno aseguran que un acuerdo de precios no es la solución para la inflación, que estas medidas se pueden tomar porque también se está avanzando en otros temas como reducir el nivel de financiamiento con emisión y reforzar las reservas del Banco Central. “Un acuerdo de precios es solo un eslabón en la cadena para bajar la inflación. Si un empresario no ve argumentos, no se suma a firmar por 3,2% por cinco meses si no cree que están dadas esas condiciones”, advierten.
Con todo, el punto débil de los acuerdos de precios sigue siendo la cantidad y los tipos de comercio que abarcan. En el caso de los productos de consumo masivo, solo están disponibles en grandes cadenas de supermercados y no se pueden encontrar en los autoservicios o pequeños comercios de cercanía que suelen ser el lugar donde comprar productos básicos las familias de menores ingresos.
Aunque se hizo foco en acordar con los mayoristas donde se abastecen los pequeños comercios, pero estos productos no siempre están disponibles y en muchos casos hay intermediarios o distribuidores que no permiten controlar el precio final que se paga. En los próximos días, la Secretaría tendrá datos sobre un relevamiento hecho a 400 autoservicios para conocer qué listas de precios recibieron en las últimas semanas.
Otro punto flaco es la imposibilidad de incorporar productos frescos, un sector muy atomizado con muchos oferentes -verdulerías y carnicerías de barrio- y productos que no tienen diferenciación por fabricante o marca.
