La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó la condena de primera instancia contra la Dirección General de Educación y Cultura (DGCE) de la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional por el crimen de tres estudiantes de la Escuela Secundaria 2 de Carmen de Patagones, el 28 de septiembre de 2004. El caso fue conocido como la “Masacre de Patagones”.
Lo hizo al rechazar el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Estado bonaerense y ratificar la vigencia del fallo de primera instancia, que había avalado la pretensión de los familiares de uno de los chicos baleados por Junior, su compañero de aula.
El 28 de septiembre de 2004, Rafael Juniors Solich, un adolescente de 15 años, mató a tres compañeros de colegio y baleó a otros cinco. Le faltaba un mes para cumplir 16 años y fue declarado inimputable. Pasó por un instituto de menores y estuvo internado en una clínica psiquiátrica, y su paradero es hoy un secreto guardado por la Justicia.
El juzgado federal 2 de Bahía Blanca había hecho lugar a la demanda de los familiares de Federico Ponce, una de las víctimas, y había condenado a ambos organismos a abonar, en partes iguales, $ 3.000.000 por daño moral y psíquico, $ 324.000 por tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, $ 4.252.000,35 por incapacidad sobreviniente y $ 194.657,76 por la pérdida de chance.
Las cifras, una vez que la sentencia quede firme, serán actualizadas por intereses.
“Ni de la prueba producida ni de los dichos de la propia DGCE surge que la conducta del menor S. pueda caracterizarse como imprevisible e inevitable”, fallaron los camaristas Pablo Esteban Larriera y Leandro Sergio Picado, de la Sala II de la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Destacaron que el cuerpo directivo, docentes, no docentes, y el equipo de orientación escolar conocían la problemática del menor, los antecedentes de armas en la escuela (en otra ocasión ya se había llevado un arma y no se tomaron medidas) y la ausencia de adulto responsable en el aula (lo que surgía de las declaraciones testimoniales).
Agregaron que el propio padre del atacante concurrió en dos ocasiones a la escuela, solicitó ayuda por las conductas de su hijo y se mostró preocupado y que de los informes del equipo de orientación escolar surgían otros hechos que no se tomaron con relevancia suficiente.
(Clarín)
